El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dado la razón a la Asociación Nacional de Empresa de Servicios Energéticos (Anese) y ha anulado la cláusula de subrogación del personal de la nueva contrata de mantenimiento del alumbrado de València. Las empresas recurrieron el pliego por entender que no se puede imponer unilateralmente la subrogación del personal a los contratistas, algo que el Govern de la Nau hizo invocando a la responsabilidad social y al convenio colectivo del sector de la industria, aprobado en 2018, que si contempla esta posibilidad. El tribunal suspendió el pasado mes de abril el contrato para la renovación del mantenimiento del alumbrado de la ciudad, valorado en 18 millones de euros y que hasta ahora estaba en manos de las empresas Imesapi y Etrolux. Ambas optan a renovar el contrato junto con otras ocho empresas.
El ayuntamiento intentó justificar la necesidad de la subrogación ante el tribunal administrativo argumentando que es la manera de facilitar a la empresa contratista la disposición inmediata de personal experto, totalmente operativo desde el primer día, sin necesidad de periodos de formación, cuya consecuencia sería la exposición a averías más tiempo del imprescindible, así como un posible deterioro de la instalación en caso de averías mal resueltas».
El argumento, sin embargo, no ha convencido al tribunal administrativo que considera válidos los argumentos de las empresas de servicios energéticos aputando que los pliegos de condiciones delimitan las relaciones contractuales entre la administración y el adjudicatario y por tanto la cláusula de subrogación «excede del ámbito subjetivo propio de os pliegos» en la medida que afecta a terceros, como son los trabajadores de la anterior contrata.
El tribunal legitima además a Anese para impugnar el pliego de condiciones del ayuntamiento en contra de las alegaciones de las actuales contratas (Imesapi y Etralux) que argumentaron que esta asoación ejercía como una especie de «lobby» ante los organismos públicos.
El hasta ahora concejal responsable de Gobierno Interior, Sergi Campillo, con competencias delegadas en materia de contratación lamentó ayer la resolución del Tribunal Administrativo contra la subrogación de los trabajadores y reiteró el compromiso del equipo de gobierno de Joan Ribó con los derechos laborales del personal de las contratas y no se descarta com último recurso incluir como «puntuable» este criterio en el contrato. «Hemos llegado al máximo que podíamos, interpretando la norma para obligar a la subrogación», destacó Campillo. Tras la resolución del tribunal, el ayuntamiento volverá a licitar, ahora por vía de urgencia, el contrato, sin la subrogación como marca la resolución. Desde el respeto a la libertad de empresa, «esperemos que las nuevas contratas que obtengan el servicio de mantenimiento del alumbrado sean sensibles a la situación de los trabajadores», destacó ayer el concejal delegado de Contratación, Sergi Campillo. El futuro del medio centenar de trabajadores actuales de las contratas dealumbrado queda así en el aire.
