El alcalde de València, Joan Ribó, reclamó ayer a la Autoridad Portuaria de València que someta las obras del nuevo muelle de 1.328.000 metros cuadrados de la ampliación norte del puerto a un nuevo estudio de impacto ambiental. La petición se basa en un informe realizado por el secretario del Ayuntamiento, en el que se afirma que la modificación del proyecto conlleva posibles afecciones al entorno, a la calidad del aire y a la fauna e insta a que éstas sean analizadas de nuevo.

El alcalde iba a presentar el informe en el consejo de administración de la APV del viernes, donde estaba previsto que se aprobase la adjudicación a MSC del relleno de los diques de la ampliación, un obra presupuestada en 1.200 millones de euros. El alcalde iba a apoyarse en este informe para defender la necesidad de someter el proyecto a un nuevo estudio de impacto ambiental. Sin embargo, Ribó decidió hacer público ayer el documento tras conocer que finalmente la adjudicación del nuevo muelle, donde está previsto un movimiento de cinco millones de contenedores, no ha entrado en el orden del día.

Fuentes de la APV apuntaron que no estaba previsto incluirlo porque todavía se estaban perfilando cuestiones técnicas. La idea, no obstante, es adjudicar la obra antes de final de año. Y es que el tiempo corre en contra del puerto puesto que la declaración de impacto ambiental favorable emitida por el Ministerio de Medio Ambiente para la macroampliación en 2007 caduca en cinco meses.

El informe del secretario del ayuntamiento destaca que «el anterior proyecto planteaba un volumen menor de dragado y una menor necesidad de aporte de materiales de relleno, elementos que fueron determinantes para la selección de la alternativa elegida en su día». Asimismo, apunta «las modificaciones implican cambios también en la evaluación de la afección sobre la fauna y la flora», e igualmente sobre el efecto de contaminación atmosférica. Añade, que la «omisión» del estudio ambiental impide al ayuntamiento formulas alegaciones u observaciones en el trámite de consultas sobre la incidencia ambiental del proyecto. Finalmente, señala la necesidad de evaluar también de nuevo los efectos del proyecto sobre el paisaje.

El alcalde aseguró ayer, en declaraciones a los medios tras la recepción a los niños saharauis del programa de vacaciones «en paz», que la nueva terminal portuaria, que va ligada a la construcción del túnel del acceso norte, tendría un fuerte impacto en la ciudad. «València no puede asumir el paso de camiones ni por la ciudad ni con un acceso norte por carretera que empeorará la movilidad urbana y provocará evidentes perjuicios por contaminación atmosférica».

La lupa de la UE

Ribó se refirió en este punto a la denuncia que Europa podría plantear hoy contra España por incumplir los límites de contaminación atmosférica en ciudades como Madrid o Barcelona. «No queremos que esta situación se pueda reproducir en València», donde, dijo Ribó, «podríamos tener estos problemas en determinado momento, por ejemplo, con el Puerto».

El alcalde, se alineó así con los colectivos ecologistas y ciudadanos de la plataforma El litoral per al Poble y Per l'Horta que en las últimas semanas vienen demando una moratoria y una nueva DIA para las obras del puerto, argumentando que la de 2007 no puede amparar el proyecto porque las circunstancias y las exigencias ambientales han cambiado.

Joan Ribó, insistió ayer en su rechazo al acceso norte para camiones y abogó por «un acceso ferroviario al Puerto como garantía de desarrollo, sostenibilidad y modernidad que exige una infraestructura estratégica como es la portuaria. «En 15 años los camiones serán una especie a extinguir», apuntó el alcalde, quien esta semana se reunión con el colectivo el Litoral per al Poble y Ecologistas en Acción, con los que se comprometió a pedir una nueva declaración de impacto para la ampliación y un acceso norte, en todo caso, «ferroviario, no para camiones, como en los principales puertos de todo el mundo». Algo que levantó ampollas en la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, quien las considera como una declaración de intenciones contra una profesión que sólo en el puerto genera trabajo a unas 15.000 familias.