El objetivo es mejorar el funcionamiento de unos servicios sociales saturados que acumulan quejas vecinales. Para ello, el Ayuntamiento de València creó primero una comisión de mejora que elaboró un informe donde explicaba, negro sobre blanco, cuáles son los problemas diarios del servicio y los agujeros negros del sistema, tal como publicó Levante-EMV. Ahora, llega el turno de las soluciones propuestas por unos servicios sociales que no dan abasto.
Y es que, en la síntesis definitiva, la comisión reconoce la demora en el pago de las prestaciones a quienes menos tienen. Es más, el ente propone «agilizar el pago de prestaciones», ya que la media del tiempo de cobro «se ha retrasado mucho, pasando de un mes de media a dos y tres meses». «Hay que eliminar trabas burocráticas que retrasan el trámite y generan quejas de la ciudadanía», añade el informe.
Otra de las propuestas que destacan en el documento hace referencia a una de las quejas principales de los trabajadores: la de asumir más funciones de las que tiene estipuladas o realizar labores que benefician a los usuarios pero ralentizan otras muchas tareas que quedan pendientes. Por ello, los trabajadores de los centros de servicios sociales piden ahora «que no sea necesario asumir competencias impropias del tipo: hago constar, realización de informes de vulnerabilidad, certificaciones de empadronamiento... a petición de terceros (ONG, entidades dedicadas a la inserción laboral...)». De aceptar esa medida, las entidades sociales afirman que «aumentaremos los problemas de las personas más vulnerables ya que el colapso de la Administración perjudica directamente en los más necesitados. Somos muchas las entidades que ante un desahucio, un reparto de alimentos, una oferta laboral... pedimos a los servicios sociales un certificado de empadronamiento o un informe de vulnerabilidad. Los usuarios no pueden esperar meses y meses a que les redacten un informe que explique que no tienen recursos. Entendemos el colapso de Servicios Sociales pero hay que ir hacia delante, no hacia atrás».
Establecer la cita previa
Otra de las propuestas que recoge el informe es la de establecer el sistema de cita previa en todos los centros municipales de Servicios Sociales. «El sistema de 'dar números' en el mismo día ha generado colas y potenciales conflictos y con el sistema de cita previa se canaliza mejor el flujo de gente», explica el documento.
Además, los trabajadores consideran «fundamental limitar como máximo a 10 atenciones diarias, con una media de 25 minutos por cita y un total de 40 asistencias semanales», así como «implementar ya el 'call center' que está solicitado desde hace más de 1 año para que las personas solicitantes de la Dependencia (o sus familiares en la mayoría de casos) puedan recibir información rápida sobre trámites, situación del expediente, dudas, etc.
Para todos los centros
El informe que reúne las propuestas de los empleados de los centros municipales de servicios sociales considera «fundamental» realizar una serie de modificaciones en el funcionamiento «dada la sobrecarga de tareas, el número de atenciones y la falta de personal». Entre las medidas propuestas también destaca «realizar un horario de 10-14 horas y fijar al menos una mañana libre de atenciones para poder dedicarse a gestionar todas las tramitaciones de los cuatro días restantes».
Por otra parte, como propuestas transversales comunes para todos los centros, el informe recalca que debe haber «personal dedicado en exclusividad por 'programas' a jornada completa». «Evitar la duplicidad, que un técnico lleve más de un programa porque no se trabaja adecuadamente, no supone problema con respecto a la nueva Ley de Servicios Sociales, porque cada caso ya tiene marcado un programa específico y un profesional de referencia que se encarga de las diversas gestiones de una familia». Además, también exigen una «reunión de coordinación trimestral/semestral de las secciones con los técnicos de cada programa (Dependencia, Información, Renta de Inclusión, etc€), salvo que por necesidades del servicio tenga que acortarse la periodicidad». Por último, proponen «implementar la plataforma informática 'Socyal' que sea funcional, sencilla y realmente operativa para englobar todas las restantes aplicaciones que actualmente se utilizan en el servicio de Bienestar Social».
