Huyeron de la guerra, la pobreza o la hambruna. Se enfrentaron a los peligros de la ruta migratoria desde países como Costa de Marfil y, ya en Libia, emprendieron el viaje a Europa en una embarcación sin ningún tipo de garantía de la que fueron rescatados por el barco de la ONG española Open Arms. Muchos incluso presentan «signos inequívocos de la violencia sufrida en Libia» y al menos una de las mujeres a bordo fue violada en el país africano después de que asesinasen a su marido. Pero ahora aguardan desde hace seis días en aguas internacionales (junto a la isla italiana de Lampedusa) un puerto seguro en el que desembarcar, después de que el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, prohibiese a la embarcación navegar en sus aguas bajo la amenaza de multas de entre 10.000 y 50.000 euros. Y es, entre el veto de Italia y el silencio de Malta, cuando el Ayuntamiento de València decididió tender su mano a la ONG y a las 121 personas migrantes a bordo (dos mujeres en avanzado estado de gestación y el bebé de una de ellas fueron evacuadas ayer por la Guardia Costera italiana).

Esta decisión llegó después de que el alcalde de València, Joan Ribó, se reuniese sobre las 14.00 horas de ayer con la vicepresidenta Mónica Oltra y recibiesen el visto bueno además del president de la Generalitat, Ximo Puig, para solicitar al Gobierno de España que abra el puerto de València solo en caso de que la embarcación no encuentre un puerto más cercano. Y es que el de València se encuentra a más de 800 millas náuticas de la ubicación actual del buque humanitario. Un hecho que ya causó un primer rechazo por la ONG SOS Mediterranée cuando València se ofreció como puerto seguro en junio del pasado año para acoger a las 629 personas migrantes del Aquarius.

Ribó anunció así su deseo de «continuar el camino» que se inició el pasado año, bloqueado durante los últimos meses. Entre otras cosas, con la prohibición por parte de las autoridades españolas de que el Open Arms retomase la búsqueda activa de embarcaciones en peligro, limitando su actividad ante la amenaza de enfrentarse a multas de hasta 900.000 euros si quebrantaba esa disposición, siendo desbloqueado el veto el pasado mes de abril.

En lo que compete a la ciudad de València, no obstante, Ribó asegura que la capital del Túria, así como quienes la habitan, quiere «estar al lado de los valores de la solidaridad, de bienestar y de libertad que Europa siempre ha representado». Y es por ello que defiende, como «ciudad de acogida» y «abierta», el «deber ético y humano» de la ciudad «con las personas que arriesgan sus vidas huyendo del terror, la guerra o la miseria».

El primer edil de la ciudad confía en que el Gobierno central «no dudará en posicionarse en la misma línea» del Govern del Rialto, así como lo ha hecho el Botànic, dado que «las vidas de estas personas no pueden esperar más».

El Consell, no obstante, pone cautela de por medio tras recordar que, en todo caso, y pese a la buena voluntad de ambas administraciones, «la competencia de la política migratoria es del Gobierno central de acuerdo con las instituciones comunitarias». «Nosotros nos ponemos a disposición del Gobierno, que tiene la responsabilidad y desde donde están el contacto permanente con el Open Arms», reconocen desde el Botànic, donde no olvidan la responsabilidad que, en todo caso, debería asumir el gobierno italiano por la cercanía con el buque. De hecho, los náufragos a bordo del Aquarius sufrieron un calvario en la semana que duró la navegación desde Cerdeña, a más de 700 millas de València.

En caso de que finalmente València recibiese a las 121 personas rescatadas por el buque humanitario, se establecería una colaboración entre ambas administraciones similar a la que se produjo con la llegada del Aquarius. Así, la Conselleria de Igualdad de la Generalitat se encargaría del dispositivo de acogida para atender a las personas rescatadas.