El desembarco de cientos de patinetes eléctricos compartidos de alquiler en las grandes ciudades ha desembocado en un nuevo problema para las urbes, donde el preciado espacio público se ha topado con la amenaza del mal estacionamiento de estos artefactos propulsados por baterías. San Francisco, San Diego, Los Ángeles, París, Lisboa, Madrid, Málaga... son ejemplos de capitales en las que los ayuntamientos o la ciudadanía se han plantado por el aparcamiento inadecuado en aceras y zonas peatonales. Las compañías miran hacia otro lado y se limitan a recomendar a los usuarios un manual de buenas prácticas, pero la realidad es que no son capaces de controlar que los arrendatarios de estos vehículos los detengan en un lugar correcto. Ni siquiera cuando establecen zonas exclusivas de estacionamiento.

En San Diego (California) la prensa recogía estos días la iniciativa de la empresa ScootScoop que retira de la calle todos los patinetes mal aparcados y más tarde exige un «rescate» a las compañías de sharing si quieren recuperarlos. En un año se han «incautado» de 12.500 vehículos eléctricos ante la deseperación de las mercantiles que han recurrido a la justicia local para recuperarlos, informaba Reuters.

En San Francisco, ante la invasión de los patinetes en sus calles y los problemas que crearon, el gobierno local retiró la autorización de alguna empresa por el caos generado. En París, la alcaldesa, Anne Hidalgo, anunció hace unas semanas la prohibición del estacionamiento de escúters eléctricos en las aceras por el descontrol detectado. En Lisboa delimitaron zonas para el aparcamiento de estos artefactos que, de momento, no están dando los resultados deseados porque los usuarios los dejan donde quieren.

En Madrid hace un tiempo surgió la iniciativa #apartinete, que animaba a la ciudadanía a aparcar bien los pequeños vehículos eléctricos cuando los vieran mal estacionados. Pronto se viralizó el ejemplo, aunque en otras ciudades ha derivado en vandalismo, ya que muchos viandantes indignados deciden arrojarlos al suelo o al contenedor cuando encuentran un escúter que entorpece su camino.

València se ha librado, de momento, del problema. Tras la fugaz presencia que protagonizó la empresa norteamericana Lime -cuyos vehículos fueron retirados hace unos meses por la Policía Local-, los patinetes compartidos de alquiler sin base fija (el free floating en inglés) no representan una amenaza real porque el Ayuntamiento sigue sin autorizar que las empresas operen.

Mientras, las empresas han buscado fórmulas alternativas. Por ejemplo, Lime está operando en el perímetro de La Marina, aunque la ciudadanía ya ha reportado numerosos casos en que estos vehículos se salen de la zona autorizada y acaban tirados en el paseo marítimo. Otras compañías como Movo o Wind buscan implantarse a través de comercios colaboradores, donde los usuarios están obligados a devolver los vehículos una vez han hecho uso de ellos. Es un modelo más cercano al alquiler tradicional del que viven actualmente decenas de tiendas en València y que, con la llegada del free floating tendrían un voraz competidor.

La concejalía de Movilidad Sostenible de València ha mostrado hasta ahora muchas reservas sobre la posibilidad de que se instalen las empresas de patinetes compartidos en la ciudad. Se ha reunido con muchas de las compañías que quieren optar a operar en el «cap i casal», a las que ha transmitido que la experiencia que acumulan otras ciudades marcará el modelo por el que se decantará València. Sin embargo, la iniciativa privada y algunos partidos acusan al área de Grezzi de inmovilismo. Mientras, la ordenanza de movilidad ya regula el uso de los patinetes y en ella se especifica que deberán aparcar en similares condiciones que una bicicleta.