El Ayuntamiento de València acaba de sacar a licitación un nuevo servicio municipal de apoyo a los casi 400 menores que son acogidos por familias extensas en la ciudad. Se trata de un concurso por un valor de casi un millón y medio de euros para los dos próximos años (733.738 euros por anualidad), en los que se pretende mejorar la atención tanto de los niños y niñas acogidos, fundamentalmente, en entornos familiares, como de las personas que prestan su ayuda a este grupo menores en riesgo o desamparo.
Se trata de menores en situación de desprotección que han sido separados de manera temporal de sus padres, y que son acogidos por familias extensas, normalmente de su propio ámbito, lo que facilita su integración gracias al vínculo ya establecido. Este tipo de familias extensas no contaban hasta la fecha con una atención integral por parte del Ayuntamiento de València y demandaban el servicio.
La ley 12/2008 de la Generalitat Valenciana de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, asigna a los ayuntamientos competencias en materia de acogimiento familiar y, en concreto, la difusión del recurso, captación, formación y selección de nuevas familias especializadas en el acogimiento de menores según su edad y sus especiales necesidades, prestación de apoyo de carácter técnico, jurídico y social o económico y el seguimiento de los acogimientos, especialmente en familia extensa.
Con el fin de cumplir con estas nuevas competencias, el Ayuntamiento de València dispone de los servicios sociales municipales y, en concreto, del servicio especializado de atención a la familia y a la infancia (SEAFI) perteneciente a la Sección de Familia, Menores y Juventud del Servicio de Bienestar Social e Integración. Su cometido esencial es la atención de menores en situación de riesgo o en situación de desamparo y que, para su protección, se encuentran sujetos a una medida en forma de acogimiento en familia extensa o afín. «No obstante, el elevado volumen de menores declarados en riesgo y los casi 400 acogimientos que son competencia municipal, no permiten garantizar una calidad óptima en la intervención a la que tienen derecho estas familias y menores, según las obligaciones establecidas normativamente», explica en un informe la jefa de servicio de Bienestar Social.
Por ello, «ante la carencia de medios humanos y técnicos propios que puedan llevar a cabo actuaciones más intensivas y exhaustivas en aquellos acogimientos de mayor complejidad, se hace necesario acudir a la contratación externa del servicio con una entidad especializada en la atención a familias acogedoras y menores en acogimiento, siendo esta propuesta de ejecución la más adecuada, puesto que proporciona una solución integral y de calidad a las necesidades planteadas por la ciudadanía», aclara el mencionado informe.
Así pues, la concejalía de Bienestar Social, que dirige Isabel Lozano (Compromís) saca a concurso este nuevo recurso municipal con la intención de mejorar el nivel asistencial de familias y menores en situación vulnerable.
La atención del programa quedará circunscrita a los menores en situación de guarda o tutela, que se encuentran bajo una medida de protección en forma de acogimiento familiar en familia extensa o afín, así como a las personas guardadoras titulares del acogimiento.
Tipos de acogimiento
En concreto el programa incluye acogimientos de carácter permanente cuando la valoración técnica del equipo municipal considere necesario un apoyo especializado para el buen desarrollo de la medida de protección, ante situaciones agravadas por conflicto intrafamiliar, dificultad en el abordaje de secuelas emocionales, etapas de crisis vital, etc.
También acogimientos de carácter permanente cuando no se haya producido un acogimiento temporal previo; o acogimientos de carácter temporal a fin de apoyar y facilitar la adaptación menor-familia acogedora.
Por último también incluye acogimientos reconocidos como especializados, según las instrucciones de la entidad pública competente en materia de protección de menores.
El servicio que se licita prevé un equipo de nueve personas (psicólogas, educadores sociales e integradores) que tendrán que llevar a cabo las actuaciones de seguimientos y/u otras tareas determinadas en el plan de intervención (entrevistas, visitas domiciliarias, intervenciones terapéuticas o educativas, búsqueda de recursos, etc.), así como las actuaciones, contactos y coordinación con instituciones o entidades que sean necesarias para el desarrollo de la valoración o intervención.
También tendrán que desarrollar talleres de formación y elaborar los pertinentes informes, entre otras cuestiones que establece el pliego de condiciones.
