La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha ordenado a ocho restaurantes de las playas de Pinedo y el Saler que desmonten sus terrazas. Los propietarios afectados deberán proceder a la retirada total de las mesas y sillas, además del cerramiento exterior, entre el 9 y 10 de septiembre, según le comunicaron a los abogados el pasado miércoles.
Según explicaron ayer fuentes de la asociación de hosteleros de estos antiguos chiringuitos de playa (hoy restaurantes que cuentan con una concesión del Estado), Demarcación de Costas ya les comunicó la pasada primavera que debían clausurar sus terrazas y les comunicó que la fecha límite para hacerlo sería el 28 de mayo. Sin embargo, los abogados de los propietarios negociaron con la Dirección General de Costas y consiguieron aplazar la decisión, ya que la temporada de verano estaba al caer y provocaría elevadas pérdidas para estos negocios.
Pero con la temporada estival llegando a su fin, la Dirección General de Costas ha retomado el asunto, comunicando de nuevo a los propietarios la nueva fecha límite para desmontar sus terrazas, entre el 9 y 10 de septiembre. Los empresarios aseguran que la decisión supondrá su ruina, «porque nadie quiere comer en el interior de los locales, sino en las terrazas», explican. En total, cada local cuenta con aproximadamente 150 metros de terraza, 50 metros dan al paseo marítimo y otros 100 están situados a un lateral.
Los ocho restaurantes afectados por la decisión de Costas cuentan con una concesión del Estado para explotar estos negocios, a los que accedieron tras ser los históricos propietarios de chiringuitos pegados a la playa. La concesión ha caducado y todos están a la espera de firmar un nuevo acuerdo con el Estado que les permita trabajar por un periodo largo de tiempo.
El requerimiento de Costas ha sumido en una gran incertidumbre a los propietarios y trabajadores de los locales, que sin las terrazas consideran que será muy complicada su supervivencia; creen que sin mesas y sillas de cara a la playa los locales perderán gran parte de su atractivo y que decenas de puestos de trabajo están en juego.
Un conflicto de años
El conflicto por las terrazas no es nuevo y se reproduce justo una década después del último, en el que Costas ya exigió la retirada de mesas y sillas y los cerramientos exteriores, allá por 2008.
En aquella ocasión, el Ayuntamiento de València, en poder de Rita Barberá, presionó mucho a la Dirección General de Costas -que estaba en manos del PSOE- para que retirara la orden de cierre de las terrazas. Tras meses de negociaciones y de reivindicaciones, finalmente la situación se enfrió y los restauradores pudieron proseguir sin renunciar a servir en la calle.
Dos años después se produjo cambio de gobierno y con el Partido Popular al frente de Costas, la tensión desapareció prácticamente, dejando a los propietarios trabajar sin mayores sobresaltos.
