El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, advirtió ayer que «la inseguridad jurídica puede retraer inversiones» en el puerto y ha instado a las administraciones a «no cambiar las condiciones pactadas», sobre todo de cara a los inversores extranjeros. Martínez hizo estas declaraciones tras mantener sendas reuniones con la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Català, y el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Fernando Giner, quienes dieron su apoyo a la ampliación prevista frente a las reticencias que ha manifestado el Ayuntamiento de València y la Generalitat.
Al ser preguntado por la petición de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del puerto de València, Martínez explicó que «si eres un gigante naviero suizo como MSC, que a través de su filial Terminal Investment Limited (TIL) prevé invertir 1.011 millones de euros en la construcción y explotación de la nueva terminal de la ampliación norte del Puerto de Valencia y lo que te llega es que vamos a pedir una nueva cosa, a solicitar tal... puedes pensar puertos en el mundo hay mil para elegir, cuando en este no sabes si vas a ser bien recibido». Si cambian las condiciones pactadas «a lo mejor» este tipo de compañías se lo piensa y se marcha a otro sitio, alertó.
Así pues, el presidente de la Autoridad Portuaria instó a «intentar, sobre todo de cara a los inversores extranjeros, mantener la estabilidad jurídica» para evitar «retraer inversiones» tanto en este caso, como en la zona de actividades logísticas de Parc Sagunt, o en cualquier otro ámbito.
En todo caso, dijo que dependen de Puertos del Estado, que es el organismo que podría paralizar el proyecto de la nueva terminal norte, pero mientras no digan lo contrario la APV continúa el proceso de este proyecto, explicó.
La oposición lo apoya
En cuanto a los grupos de la oposición municipal con los que se reunió ayer Aurelio Martínez, el PP fue el más contundente. Su portavoz, María José Català, pidió evitar el «enfrentamiento político» y alcanzar un consenso «para ir todos a una» en la ampliación norte del puerto de la ciudad, a la que mostró su apoyo para su desarrollo «como motor de la generación de empleo». De hecho, 40.000 familias viven directa o indirectamente del puerto, dijo.
A su juicio, se trata de una ampliación «estratégica» porque es «fundamental en la generación de empleo y actividad económica de la ciudad», así pues se trata de «evitar que València pierda competitividad con respecto al resto de puertos del Mediterráneo».
Català declaró que València «no puede perder una inversión privada de más de mil millones de euros en el puerto, porque otras ciudades como Barcelona, Roterdam y puertos portugueses tienen ya un consenso para ampliar sus instalaciones portuarias». En consecuencia, exigió a otras fuerzas políticas que «piensen más en los intereses de València que en los su partido», porque, a su juicio, «Compromís está pensado en Compromís y no en València».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, aseguró que «Compromís ha utilizado el Puerto como cortina de humo para ocultar el grave problema que tiene con la contaminación de las aguas de nuestras playas».
Giner exigió al alcalde, Joan Ribó, «prudencia» cuando se hable de prosperidad para València: «El Puerto es la principal empresa de la ciudad y crea de forma directa e indirecta cerca de 37.000 puestos de trabajo», dijo, al tiempo que censuro el «comportamiento irresponsable» del alcalde en un tema «clave para el crecimiento económico y el empleo».
