La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Català, y el concejal, Santiago Ballester, se han reunido hoy con representantes de Confecomerç CV, encabezados por su presidente, Rafael Torres, para informarles las nuevas ordenanzas fiscales que ha aprobado el Gobierno municipal de Compromís y el Partit Socialista del País Valencià.

Català ha advertido que los comercios valencianos se enfrentan a un "triple sablazo fiscal" que perjudicará notablemente sus negocios ya que todos los comercios verán aumentado sus recibos del IBI un 3%, además aquellos con un valor catastral superior a 278.512€ se les incrementará el recibo un 10%, llegando a pagar de media más de 1.386€ y los comercios con facturación superior de 1 millón de euros anuales tendrán que pagar el coeficiente máximo del Impuesto de Actividades Económicas (3,8%).

"En un momento donde todos los indicadores indican que la economía se está resistiendo, Ribó ha decidido subir los impuestos masivamente y perjudicar la actividad económica de esta ciudad", ha señalado.

Català ha anunciado que el Grupo Municipal Popular se va a oponer a esta subida generalizada de impuestos que va a afectar a todos los vecinos y comercios de la ciudad de València.

"Nosotros apostamos por bajar los impuestos para incentivar la actividad económica y la creación de puestos de trabajo, y más en un momento delicado como este", ha señalado Català.

Asimismo, ha señalado que "esta subida de impuestos es ideológica" porque no se va a traducir en una mejora de los servicios públicos ya que los hechos demuestran la baja ejecución presupuestaria del Gobierno de Compromís y PSPV. "No invierten ni ejecutan en la mejora de los servicios públicos", ha señalado Catalá, que ha recordado que a cuatro meses de finalizar el año quedan pendiente ejecutar el 80% de las inversiones.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Català, que ha iniciado una ronda de contactos con los principales sectores afectados por esta subida de impuestos, ha advertido que a esta subida de impuestos se le añadirá la revisión catastral que ha pedido el gobierno municipal y que afectará a los contribuyentes con una nueva presión fiscal.