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Sin hogar

La falta de vivienda social deja sin alternativa a la familia con cuatro menores del Cabanyal

El ayuntamiento asegura que el fondo inversor Divarian se niega a negociar un alquiler social

Espai Veïnal Cabanyal anuncia medidas de presión en los próximos meses ante el inminente desalojo de la familia de Sara Bermúdez. s. u.

La cuenta atrás continúa, no así las soluciones para que Sara Bermúdez, su marido y cuatro hijos e hijas menores logren una alternativa habitacional antes del cuatro de octubre, fecha del próximo lanzamiento. Han sido tres los desahucios paralizados en los últimos meses, gracias a la movilización vecinal y mediática, pero todo parece indicar que el próximo intento de expulsión pueda ser el definitivo, y que pese a vivir desde finales de 2018 con la espada de Damocles sobre su cabeza y haber logrado una posición preferente en la bolsa de vivienda social, sean expulsados con cuatro menores a su cargo sin lograr alternativa habitacional. Un año en el que todas las viviendas sociales del consistorio están ocupadas (comúnmente la estancia oscila el año), así como las de entidades como Casa Caridad o Sant Joan de Déu, por lo que ni siquiera Sara, ahora en los primeros puestos de la bolsa de vivienda social, ha logrado alternativa habitacional. Todo ello al tiempo que el fondo de inversión Divarian, propiedad del BBVA,y propietario del edificio, se niega a dotar a la familia de un alquiler social. Según indican fuentes municipales, este fondo buitre no cede en las negociaciones con la administración, aferrándose a la carencia de un contrato de alquiler por parte de la familia de Sara, pese a haber residido en la vivienda del número 67 de la calle Vicent Brull, en el barrio del Cabanyal, durante algo más de quince años.

Su familia jamás dejó de pagar ni un solo mes de alquiler. No obstante, las deudas del anterior propietario propiciaron que el BBVA adquiriese el bloque de viviendas para derivarlo más tarde al fondo de inversión Divarian, sin antes indicar a las familias que allí residían de qué forma podían seguir haciendo frente al pago de las mensualidades, quedando ante la ley como un caso de okupación.

En su último intento de expulsión, durante el mes de julio, Divarian se comprometió a prorrogar tres meses más la estancia de la familia de Sara en la vivienda de Vicent Brull, para, en principio, proporcionarles un margen con el que permitirles encontrar una vivienda social. Sara no encuentra empleo, y su marido trabaja en los mercadillos ambulantes de los barrios, por lo que les es prácticamente imposible reunir más de 500 euros al mes en una ciudad donde el alquiler medio ronda los 600 euros mensuales. Todo ello después de que la plataforma Espai Veïnal Cabanyal interpusiese entonces un recurso en el juzgado acogiéndose al último Decreto Ley publicado el 1 de marzo de este año en el BOE que otorga una mayor protección a los inquilinos e inquilinas que, ante una orden de desahucio, se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Esta entidad, junto con Sara, se reunió el pasado lunes 9 de septiembre con el Ayuntamiento de València para analizar las opciones a las que puede aferrarse esta familia del Cabanyal, entre ellas el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión, que pese a que fue solicitada por Sara a finales de 2018, aún no le ha sido concedida.

Durante la reunión, también la secretaria de la Concejalía de Servicios Sociales advirtió a Sara de que «la vivienda ya pertenece a una empresa buitre denominada Divarian», con la que el Sipho (Servicio de Intervención ante la Pérdida de la Vivienda) ha contactado en tres ocasiones para «intentar conseguir un alquiler social», sin «ninguna voluntad por parte de Divarian», aferrándose siempre a que Sara «finalizó su contrato con BBVA y que no tenía contrato de alquiler con Divarian». Este hecho, explican fuentes municipales, «es cierto, pero ha sido por motivo de que Divarian no se lo quiere realizar, ya que quiere que Sara salga de su domicilio».

Ante la falta de respuestas (la concejalía ha elevado el caso al EVHA), Espai Veïnal Cabanyal anunció ayer acciones de presión para dar solución a este caso de urgencia, planteando cuatro alternativas: que Divarian accediese a ofrecer un alquiler social a la familia de Sara con las consecuentes ayudas de la administración, que el ayuntamiento otorgue una vivienda social o, en último término, que expropie el bloque completo, lo que marcaría un precedente en una ciudad marcada por la burbuja del alquiler y la carencia de parque público de vivienda.

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