El juzgado de Instrucción número 2 de València investiga al ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación por omisión a raíz del desalojo y traslado del lavadero y taller de coches que estaba ubicado en la plaza Manuel Sanchis Guarner, junto a la Pantera Rosa, por las obras del Parque Central.
Las diligencias parten de una denuncia presentada por la comunidad de vecinos donde se ha instalado finalmente esta empresa, en el número 48 de Ausias March. Según consta en la causa, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, las obras de reforma consistieron en unir dos plantas bajas a una nave industrial con la que el edificio linda en su parte trasera.
Los trabajos se ejecutaron pese a que la junta de Gobierno local, en fecha 28 de julio de 2017, acordó dar traslado al propietario del comercio para que presentase alegaciones, un trámite previo «a resolver sobre la posible adopción de medida de cierre y clausura de la actividad», según recoge el acuerdo municipal.
Pero las obras del lavadero siguieron sin quedar constancia en el expediente de las respuestas del empresario. En el transcurso de dichos trabajos «se procedió a eliminar gran parte de la fachada envolvente trasera», quedando unidos los bajos comerciales de los números 48 y 52 de esta avenida. Tras detectar estas obras, los vecinos mantuvieron una reunión con los técnicos del servicio de Actividades del Ayuntamiento, que les trasladaron que los permisos solicitados «en ningún caso autorizaban a la actividad para poder ejecutar las obras expuestas».
Pese al dictamen de la inspección, el lavadero abrió las puertas de su nueva sede el 9 de enero de 2018. Días después, los técnicos se personaron en las instalaciones, certificaron las irregularidades y la comunidad de propietarios presentó una denuncia en el ayuntamiento.
En septiembre de ese mismo año, los vecinos recibieron una notificación municipal en la que les daban la razón, pues «la actividad carecía de las oportunas licencias de obras y ambiental con carácter previo a su ejecución (licencias de obras y ambiental denegadas), y al mismo tiempo, carecía de los oportunos títulos habilitantes con carácter previo a producirse la apertura al público».
Sin embargo, no se ha iniciado «el correspondiente procedimiento sancionador» ni acordado «el cierre/clausura de la actividad ilegalmente abierta al público desde enero de 2018». Además, los vecinos afectado han trasladado al juzgado que la Policía local no ha atendido sus llamadas de advertencia para paralizar las obras.
La Fiscalía se ha sumado a la causa y solicitó al juzgado que requiriera al ayuntamiento el expediente administrativo. En concreto, solicitó que «se oficie al servicio de actividades del ayuntamiento para que informen sobre el estado actual» de este expediente, «y si el solicitante de la licencia subsanó las deficiencias que dieron lugar al acuerdo de la junta de Gobierno local, que resolvió inadmitir y dejar sin efecto la declaración responsable de obras y ambiental».
En el caso de no haberse subsanado estas deficiencias, dice la Fiscalía, «y dado que la actividad parece que a fecha de hoy sigue en funcionamiento», insta al ayuntamiento a aclarar «las razones por las que no se procedió al cierre y clausura de la actividad» del lavadero. El Ayuntamiento solo ha trasladado al juzgado que el expediente continua igual. Por el momento no figuran imputados en la causa.
