Cuatro detenidos por impedir el derribo de una alquería en la V-21

La actuación policial, «muy desmesurada» según denunciaron algunos políticos y los concentrados, acordonó por completo la zona para facilitar el derribo de la alquería del año 1900, que una gran máquina excavadora redujo a escombros alrededor de las 11.30 horas de la mañana.

Per l'Horta, uno de los colectivos que ha liderado este movimiento de desobediencia, aseguró que seis personas sufrieron contusiones por la intervención policial. Se estima que se desplegaron medio centenar de guardias civiles, que impidieron a la prensa acercarse a la zona más próxima.

Desde la Delegación de Gobierno se indicaba, en un comunicado, que el desalojo se había producido sin incidentes de relevancia. «De las 8 personas que se encontraban en el edificio, cuatro han salido voluntariamente y otras cuatro han sido detenidas por resistencia a la autoridad», añadía.

En el mismo comunicado se explica que «la edificación conocida como Forn de Barraca fue expropiada por la Administración General del Estado el pasado 16 de julio y, efectivamente licitado el importe de la finca a sus anteriores propietarios en la misma fecha. Por tanto, queda escriturada en el Registro de la Propiedad y demás registros públicos como propiedad del Estado desde la fecha citada». Y agregaba que «con fecha 16 de septiembre de 2019, los anteriores propietarios de la finca hacen entrega de las llaves de la edificación objeto de la expropiación, a los legales representantes de la Administración General del Estado».

Diez días aguantó la resistencia de un grupo de activistas acampados en el Forn de Barraca, en el término de Alboraia colindante con València, por la ampliación de la V-21. Desde Delegación de Gobierno se explica que el día 18 les dieron un día de plazo para abandonar el lugar, aunque el desalojo se aplazó hasta ayer.

Por otra parte, inciden en que esta propiedad, «no cumplía con las condiciones de habitabilidad ni accesibilidad requeridas. Cualquier afectación de las personas que estaban ocupándola de manera irregular podría suponer que el Estado, al ser su propietario, fuera responsable civil subsidiario», dando a entender así que el desalojo era necesario.

Operación a las 6.30 horas

El desalojo de las aproximadamente diez personas que pasaron la noche en el interior del Forn de Barraca comenzó sobre las 6.30 horas. Dos de ellos se encaramaron al tejado y una mujer se encadenó a una ventana para tratar de impedir el derribo. Las detenciones se llevaron a cabo apoyadas por un helicóptero y con un camión de bomberos, que desplegó la cesta de la escalera para que los efectivos pudieran acceder al tejado y desalojar a los protestantes.

El propietario de la alquería, Lluís Fontelles, presenció el derribo llorando y abrazado a algunos de los vecinos y ecologistas -superaron el centenar- que se congregaron frente a la barraca al grito de «L'Horta viva, no terra morta».

Unides Podem-Esquerra Unida presentó el pasado miércoles en Les Corts una propuesta de urgencia para exigir al Gobierno central la paralización de la ampliación de la V-21, aunque finalmente no salió adelante al contar solo con el apoyo de Compromís.

El PSPV, tercer socio del gobierno valenciano del Botànic II, rechazó esta proposición no de ley (PNL) de tramitación inmediata -tenía que sumar a toda la cámara para salir adelante- al alegar que la actuación es «mínimamente intrusiva» y respeta tanto la Ley de la Huerta de València como su Plan de Acción Territorial de Protección, aprobados la pasada legislatura por el Botànic.

Per l'Horta denuncia que la ampliación del V-21 acabará con 60.000 metros cuadrados de huerta productiva y que el tercer carril que se va a construir por cada sentido no es necesario, puesto que Fomento en sus propios estudios no considera la V-21 como una autovía saturada. Aseguran que esta infraestructura tan solo provocará que a la ciudad de València acceda más tráfico, justo cuando las políticas municipales tratan de expulsarlo, en consonancia de lo que pide la Unión Europea.