«Las discrepancias son buenas», comentaba ayer Martínez al término del consejo de administración para quitar hierro al enfrenamiento que sostiene la APV con el alcalde Ribó al hilo de la necesidad, o no, de hacer una revisión de los posibles repercusiones a través de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). El ayuntamiento «no quiere impedir» esta ampliación sino que «se haga bien», puntualizó Ribó. Martínez defiende que «no existe ningún supuesto» en la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 que afecte a los planes de construcción de la nueva terminal.
Sea como fuere, Ribó considera que es necesario analizar el impacto sobre la movilidad y la calidad atmosférica. Respecto a los rellenos de muelles y dragados del canal de acceso Martínez argumenta que « se hará caso de los informes» y que la decisión dependerá de la dirección general de Costas. También aseguró que la modificación de la nueva terminal respecto al proyecto inicial de 2007 no conllevará un mayor acopio de dragados para rellenar los muelles. Y afirmó que todavía no está determinado si el canal de acceso -para poder dar entrada a los nuevos megabuques de contenedores- tendrá una profundidad de -22,5 metros o será menor.
Además de la críticas del alcalde Joan Ribó, el colectivo Comissió Ciutat-Port -integrado por las organizaciones ecologistas y vecinales- afirmó ayer a través de sus portavoces que la APV podría incurrir en delito medioambiental y en prevaricación si sigue adelante la ampliación norte, actualmente en fase de adjudicación. El proyecto actual prevé demoliciones de infraestructuras que la DIA de 2007 no contemplaba.
