La acción del Ayuntamiento de València, que a través de su concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha prometido llegar hasta las últimas consecuencias para destapar al autor del desfalco y obligarle a devolver hasta el último euro, se dirige no solo a averiguar por qué la funcionaria despedida no utilizó los obligatorios mecanismos de control previos a cualquier operación financiera de la EMT, sino por qué tampoco lo hizo la entidad financiera con la que trabaja desde hace años, La Caixa, y que conoce por tanto cuál es la dinámica y el filtro de control establecido por el actual equipo de gobierno.
Fuentes municipales consultadas por Levante-EMV consideran inaudito que La Caixa diese el visto bueno al pago de nada menos que cuatro millones en ocho transferencias bancarias, una operación por lo demás totalmente inhabitual y que, al menos en estos últimos cuatro años no se había realizado jamás, y que lo hiciese a pesar de saber que la orden de pago era un simple PDF -que luego resultó ser falsificado.- enviado por la jefa de Administración.
