El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) aprobó ayer con los votos a favor de Compromís y el Partido Socialista, el nuevo organigrama de la entidad para los próximos 4 años, que, entre otras cosas, supone un aumento salarial para su gerente de 5.000 euros al año, un 7% más. Y todo ello en medio del escándalo por el robo de 4 millones de euros en la entidad a través de una presunta estafa telefónica. Precisamente, el concejal de Movilidad y presidente de la entidad, Giuseppe Grezzi, aseguró al término del consejo que se siente respaldado por el alcalde de València, su compañero de partido Joan Ribó, y que por tanto seguirá en su puesto, lo mismo que el propio gerente.

Aunque es verdad que los dos puntos principales del orden del día del consejo de la EMT estaban previstos y debatidos desde hace tiempo -particularmente el de las subidas salariales- su aprobación justo ahora que la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número 18 de València investiga una estaba de 4 millones de euros en la entidad, había sido motivo de controversia y crítica por parte de la oposición, que entiende que se podía dejar para otro momento, cuando se tuvieran los detalles del caso y se confirmaran que el gerente, el principal beneficiado de la subida salarial, no está implicado en nada.

Pero nada de eso fue suficiente y el consejo de la EMT se celebró con total normalidad, aunque con todos los medios de comunicación volcados en el mismo. El punto más delicado, el del nuevo organigrama, que supone un aumento salarial de 5.000 euros anuales para su gerente, Josep Enric Garcia Alemany, y el nombramiento de un director adjunto, fue aprobado por los socios del equipo de Gobierno con los votos en contra del PP y Ciudadanos. Ahora ganará 75.000 euros anuales los próximos 4 años.

Según explicó Giuseppe Grezzi, los socios de Gobierno han depositado su confianza en el actual equipo directivo porque los datos de su gestión les avalan. «Es verdad que ahora ha habido un fraude contra la EMT, pero nosotros hemos convocado una comisión de investigación que yo creo que es la más rápida de la historia no solo en València sino en toda España», dijo Grezzi, que aseguró que «llegaremos hasta el fondo caiga quien caiga» con la idea fundamental de recuperar el dinero.

La subida salarial del 7% la justificó porque el actual gerente tenía el sueldo congelado y los gerentes de la etapa anterior ganaban un 66% y un 40% más respectivamente. «Después de 4 años de sueldo congelado es una subida muy razonable si se tiene en cuenta que el poder adquisitivo de la plantilla se ha incrementado entre un 10 y un 12 por cien», dijo.

Además, no cree que se pueda hablar de responsabilidades mientras no se aclare la situación en la empresa. Grezzi explicó que las cuentas las comprobaban «unos trabajadores» mediante un sistema que ellos mismos impusieron, además de cumplir con las sugerencias del Síndic de Greuges en ese sentido. Tampoco había antes, dijo, firma mancomunada, así que «habrá que ver cómo se han falseado firmas y cómo se ha pagado».

Personalmente, el concejal de Movilidad se ve respaldado por el alcalde, Joan Ribó, y asegura que no va a dimitir, al tiempo que agradeció a los socios socialistas el apoyo a las medidas llevadas ayer al consejo.

Precauciones socialistas

Precisamente, la concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Elisa Valía, dijo haber apoyado los nuevos contratos y la subida salarial de los cargos directivos de la EMT porque se ha abierto una comisión de investigación que ella misma presidirá y que servirá para determinar lo que ha pasado y las posibles responsabilidades políticas.

Así mismo, dijo haber dado su apoyo a los contratos de 4 años porque en caso de haber responsabilidades podrían extinguirse inmediatamente. «Es un momento delicado», admitió Valía, pero la revisión de los salarios estaba pactada desde antes del verano, explicó. Es más, dijo que esta subida es inferior a la del conjunto de los trabajadores y entra dentro de la «normalidad». «No hay ninguna razón para retrasarlo», concluyó.

A pesar de ello, los socialistas han querido curarse en salud y ayer hicieron una propuesta, que salió adelante, consistente en pedir al secretario de la EMT un informe jurídico sobre las consecuencias que podría tener para los miembros del Consejo de Administración que han aprobado estas medidas una hipotética imputación de los directivos de la empresa en este proceso.

El Concejal de Hacienda, Ramón Vilar, también anunció una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por tratarse de una entidad pública.