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Reforma Código Penal

El timo de la EMT y su posible imputación como empresa

El código penal permite investigar y sancionar a personas jurídicas en fraudes como el de la firma de transportes si no se han redactado protocolos contra la corrupción, pública o entre particulares

El timo de la EMT y su posible imputación como empresa

La reforma del código penal del año 2010, en la que por primera vez el legislador introduce en España la posibilidad de imputar a una persona jurídica en un asunto penal, reforzó la necesidad de que las empresas, independientemente de su tamaño o su naturaleza pública o privada, contaran con planes de prevención de delitos.

Son los llamados compliance programmes o programas de cumplimiento, una herramienta muy extendida en países anglosajones que vela para que una empresa desarrolle su actividad y sus negocios dentro de la legalidad y la normativa vigente.

En España apenas habían tenido incidencia estos planes de prevención. Pero a partir del año 2015, fecha en la que se incluyen los partidos políticos en la reforma del código penal para castigar a las organizaciones que se financien ilegalmente, se ha incrementado su interés y los despachos que ofrecen el servicio.

El timo de los 4 millones de la EMT podría acabar arrastrando a esta empresa municipal ante el juez si la investigación detecta que sus responsables no han hecho nada en todos estos años para que las operaciones financieras se realicen según la normativa vigente.

Se han conocido muchos datos sobre la denuncia que presentaron los responsables de la EMT ante una comisaría de la Policía Nacional, pero poco de hacia dónde avanzan las diligencias y si efectivamente se trata de un ataque de piratas informáticos.

En los últimos días ha crecido la preocupación entre jueces y fiscales por cómo ha abordado el Ayuntamiento la crisis. El concejal y presidente de la EMT Giuseppe Grezzi despidió de forma fulminante a la jefa de Administración de la empresa pública. La dirección de la empresa fue conocedora de la presunta estafa un lunes y el martes por la tarde su gerente, Josep Enric Garcia Alemany, puso la denuncia. El miércoles inician los agentes sus diligencias y el viernes la noticia se filtra a los medios.

La poca templanza con la que ha actuado el Ayuntamiento aleja la posibilidad de recuperar los 4 millones de euros a corto o medio plazo. Ni siquiera un juzgado ha certificado que la EMT haya sido víctima de un ataque informático o si se trata de otro tipo de delincuencia que se apoye en contactos dentro de la propia empresa.

La investigación de los delitos tradicionales no tiene nada que ver con los tecnológicos, pues en estos casos el sigilo es fundamental para seguir el rastro del dinero. Al ser despedida la funcionaria y estar identificado públicamente el ordenador bajo sospecha, pierde su sentido instalar ahora en secreto un troyano para captar más información que permita llegar a los 4 millones de euros.

Los delincuentes cruzaron varios correos con la funcionaria y conocían los cargos directivos de la EMT, incluso llegaron a conversar con la jefa de Administración. Y en los últimos días ha trascendido que varios informes, entre los que se encuentra uno elaborado por la Sindicatura, alertaban de la falta de control en los movimientos bancarios.

El magistrado que investigará este asunto será Victor Gómez, el mismo que imputó en el caso Taula al PP como persona jurídica por no prevenir delitos de blanqueo. Es pronto para saber cómo acabará este asunto en el juzgado. Y que finalmente sea citada o no la EMT como imputada dependerá de si ha diseñado un plan de forma integral y transversal para cubrir sus responsabilidades penales como persona jurídica.

Un asunto que debe preocupar, pues la reforma del código penal recoge que, en caso de condena, un juzgado pueden ordenar hasta la disolución de las empresas investigadas si antes no han redactado protocolos que busquen acabar con la corrupción, pública o entre particulares.

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