El procesamiento del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, además de dejar en el alambre la carrera política de uno de los cargos con más proyección de Compromís, pone a prueba los límites éticos de la coalición que lidera el gobierno del Ayuntamiento de València. Es la primera vez que el partido que encabeza Joan Ribó en la capital, suma de Iniciativa, los nacionalistas del Bloc y los ecologistas, se enfrenta a una crisis de estas dimensiones.

Y la respuesta del partido, el día después del mazazo que deja al presidente de la Junta Central Fallera a las puertas del banquillo de los acusados, despejó cualquier duda. Al menos de momento. Primero por la mañana, el consell nacional del Bloc, máximo órgano de dirección del partido mayoritario dentro de Compromís, cerró filas con su concejal. Por la tarde, el entorno del alcalde hizo circular un mensaje más contundente aún en el que el propio Ribó avala la continuidad de Pere Fuset a pesar del procesamiento.

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia abrió este viernes la puerta del juicio oral al concejal por un homicidio causado por imprudencia grave en el accidente mortal de Viveros en el que un trabajador perdió la vida durante el montaje de gradas para los conciertos de la Feria de Julio de 2017.

El concejal tiene aún dos vías de recurso, lo que le da margen a él y al partido para gestionar los tiempos. De momento, Fuset ya ha anunciado que recurrirá al juzgado de instrucción. Mientras tanto, el dirigente fallero cuenta con la cobertura de los suyos, pese a la presión de la oposición sobre el alcalde desde el minuto uno de la imputación.

«Es sorprendente el procesamiento de un cargo político por unos hechos en los que, obviamente, no tuvo ninguna participación directa», apunta la oficina del alcalde, al tiempo que recuerda que hay dos vías de recurso antes del juicio.

Ribó niega que se trate de una situación equiparable a las que durante años motivaron las críticas de Compromís a los gobiernos del PP por sus problemas con la justicia. «Se trata de unas actuaciones judiciales fruto de la gestión que comporta la Delegación de Cultura Festiva. El código ético de Compromís no exige apartar a ningún cargo de su responsabilidad de gobierno en casos que deriven de una actuación administrativa o de gestión relacionada con el cargo que ostenta», justifica el comunicado.

Y añade: «Si se hubiera tratado de un caso de corrupción política, se hubiera exigido la dimisión». El alcalde, que lamenta la muerte del trabajador, concluye: «Se entiende que ese accidente no responde a la responsablidad del concejal. Por eso, interpondrá un recurso contra esta decisión».

La gestión de la situación política de Fuset tiene un componente añadido que hace más delicada la situación. La primera es que Fuset es concejal de un gobierno de coalición con socios como el PSPV. Los socialistas, sin embargo, fueron los primeros que el viernes respaldaron sin dudas al concejal: «lealtad» y «solidaridad», en palabras del concejal Ramón Vilar.

Ayer, Ximo Puig, jefe del Consell, también dio oxígeno al concejal. «Estoy seguro que Fuset, que es un persona responsable, dará todas las explicaciones que haga falta pero esto está residenciado en el ámbito municipal y no me corresponde a mí», apuntó. No obstante, añadía que «hay que analizar las cosas con claridad, transparencia y sobre todo, con sentido común, y el sentido común nos orientará en una decisión favorable en lo que es la responsabilidad en cada momento».

Además de la coalición de gobierno, Fuset, como integrante del Bloc, pertenece a otra coalición, Compromís. En este sentido, el consell nacional del partido nacionalista se anticipó por la mañana cerrando filas con su cargo público. Fue Àgueda Micó, coordinadora del Bloc, la que fijó posición durante el Consell Nacional que la formación celebraba en vísperas de la campaña de las generales del 10N.

«Es pronto para hablar del tema pero el partido está completamente al lado de nuestro concejal y compañero; tiene nuestro apoyo, total y absoluto, y veremos respecto a lo que ha pasado qué actuaciones hacemos al respecto. Pensamos que Pere Fuset es una persona muy capaz, con mucha capacidad de trabajo y es un gran compañero, y seguro que entre todos veremos cuál es la mejor forma para llevar adelante este proceso judicial», señaló la portavoz.

Preguntada por la situación incómoda en que queda la coalición tras la oposición feroz al PP durante años antes sus múltiples procesamientos, Micó establece las diferencias: «Nosotros nos ponemos nuestros propios límites. En Compromís tenemos un código ético que cumplimos, y nuestro código no habla de una persona que no está judicializada por asuntos relativos a la corrupción tenga que dimitir porque se abra juicio oral. Eso sería muy injusto para cualquier regidor», aseguró la dirigente, que confía también en que sus compañeros de coalición mantengan la misma posición.

El artículo 6 del apartado de conducta de cargos públicos del Bloc señala que deberán dimitir los «condenados por delitos relacionados con corrupción». Además, señala que un procesado, como es el caso, también deberá dimitir cuando lo pida la Ejecutiva si «existen indicios de culpabilidad suficientes que causen un perjuicio grave a la imagen pública o a la acción política del Bloc».

Pese a las manifestaciones del entorno de Ribó y de Micó, incluso dentro del propio Bloc conviven este fin de semana distintas perspectivas sobre cómo afrontar el problema. Fuentes de la formación nacionalista defendían en privado la continuidad del concejal dentro de la coalición, incluso en caso de que Joan Ribó quisiera dejarlo caer: «Él no tuvo la culpa», señalaban.

Con el mismo argumento, sin embargo, otros miembros de órgano del partido reconocían la «insostenibilidad» de la situación, por la gravedad del caso (con una persona muerta) y por el historial crítico de Compromís con los procesados del PP.