La familia del obrero fallecido durante el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros en 2017, que tradicionalmente coinciden con la programación de la Feria de Julio, ha presentado un escrito en el juzgado en el que solicita una pena de más de cinco años de prisión para el concejal de Cultura Festiva y portavoz municipal de Compromís, Pere Fuset.
Además, según apunta la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la familia también dirige acusación contra los responsables de la empresa que instaló la infraestructura. En cambio, no dirige acusación contra los responsables de la Asociación de Promotores Musicales, un colectivo que cada año asume la organización de los conciertos, porque solo pidieron autorización para instalar un kiosco bar sin hacer referencia al montaje de las gradas.
En concreto, la familia de la víctima propone una pena para Fuset de tres años por un presunto delito de homicidio imprudente y de dos años y tres meses por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores. El escrito de acusación vincula los dos delitos en concurso ideal y también extiende la responsabilidad a las personas jurídicas que intervinieron en la contratación y posterior montaje.
Fuset ha presentado un recurso de apelación contra el auto que ordena su procesamiento por estos hechos, pero este recurso no es suspensivo y la familia de la víctima ha presentado ya su escrito. Según esta información, el juzgado ha dado ahora cinco días de plazo a las partes para que se adhieran o aleguen contra el recurso del dirigente valencianista.
Al parecer, la Fiscalía de València, tal y como avanzó este periódico, se sumará con toda probabilidad a la tesis de Fuset y pedirá la nulidad o archivo de las actuaciones. No obstante, según fuentes conocedoras del procedimiento, la Fiscalía todavía no ha formalizado en el juzgado su adhesión al recurso. La Audiencia provincial, por tanto, tendrá la última palabra.
A mediados de octubre, el juzgado de Instrucción 18 de València acordó el procesamiento de Fuset y el resto de imputados en la causa tras varios años de investigación.
El trabajador que falleció durante el montaje de la gran novedad de la edición de 2017 de la Feria de Julio, unas gradas con capacidad para 950 personas que no se han vuelto a instalar en ninguna otra edición, tenía 47 años, estaba casado y con dos hijas. El atestado de la Policía Nacional incluido en la causa recoge que la víctima mortal cayó como un péndulo hacia abajo desde una altura superior a los tres metros con resultado de muerte cerebral. No se activaron los protocolos de siniestralidad laboral. Falleció siete días después, el 4 de julio, en el Hospital La Fe.
Según el juez, Pere Fuset fue el último responsable del montaje de las gradas y envió una carta a la entidad organizadora para que aceptaran la instalación en el recinto público que les había cedido y lo incluyeran en el plan de autoprotección.
El montaje de las gradas carecía de estudio de seguridad y salud, siendo las medidas acordadas -la colocación del arnés en el mismo piso que se estaba montando-, «insuficientes e inútiles», afirmó el juez. La empresa que montó esta instalación es Promociones Musicales Osuna, una mercantil que ya fue sancionada junto al Ayuntamiento por la Inspección de Trabajo por estos hechos.
El escrito de acusación relata las heridas que sufrió la víctima y el estado en el que llegó al hospital. El trabajador entró en coma tras la caída y los informes médicos reflejan que desde el primera día se temía por su vida.
Este es el relato cronológico de los hechos que recoge el escrito de acusación. El 1 de junio de 2017 los promotores piden autorización para explotar unas barras y el kiosco bar a cambio de asumir el coste de las gradas. El 21 de junio se resuelve la solicitud sin hacer mención a las gradas.
En paralelo, el 20 de junio los promotores presentan en Cultura Festiva el escrito sobre las gradas y el 23 de junio Fuset remite una carta a los organizadores -cadena Cope- confirmando que se iban a instalar. No existe en el Ayuntamiento ningún expediente sobre las gradas salvo el que firmó el concejal Carlos Galiana resolviendo el kiosco bar, tal y como recordó Fuset en su recurso ante la Audiencia. La familia también pide que se investigue si el Ayuntamiento prevaricó con este acuerdo.
