La contaminación por nutrientes ha bajado en el lago de l'Albufera por primera vez en veinte años y también empieza a verse vegetación acuática que llevaba desaparecida décadas. Lo ratifican los análisis y hasta los pescadores. Una pequeña mejoría que, sin embargo, no irá a más si no hay una aportación regular de agua del Júcar. Mireia Mollà y Sergi Campillo, consellera de Agricultura y Emergencia Climática y vicealcalde de València respectivamente, coinciden en una reclamación que consideran vital para el futuro del enclave. «El aporte de 8o hectómetros cúbicos por año hidrológico pactado entre la Conselleria y la Confederación Hidrográfica del Júcar es el punto de partida sobre el que trabajar para garantizar la supervivencia de este ecosistema único en Europa y que debe concentrar la preocupación de todas las administraciones: estatal, autonómica y local», recordaba Mollà.

«El lago de l'Albufera no mejorará más si no hay agua del Júcar, es una cuestión que hay que resolver definitivamente», según Campillo, para quien retirar lodos no es la salvación infalible que muchos apuntan. «Si quitáramos medio metro de sedimentos pero no aportáramos agua, qué solucionaríamos», reflexiona. «Llegará un momento en que tendremos que decir que no es asumible la falta de aportes y utilizaremos todos los mecanismos al alcance si en el próximo ciclo de planificación hidrológica no se soluciona», advertía.

Campillo, además, recuerda otro frente abierto y no menor: el del aumento de la salinidad, cada vez más acusado. «El lago de l'Albufera no es un paraíso ni un lugar idílido, pero tampoco es un infierno ni está en la UCI», comenta en clara referencia a unas recientes declaraciones de la directora-consevadora del Parc Natural.

En la línea de Campillo, la consellera Mollà reconocía que aunque el parque natural «no está en la condición que debiera» en los últimos años la administración autonómica ha tratado de avanzar en figuras que permitan su salvaguarda. En ese punto hacia mención a la orden 5/2018, a instancias del ministerio fiscal, que regula los niveles del lago o el nuevo ordenamiento jurídico que entró en vigor en abril y que elimina cualquier referencia a posibles reclasificaciones contrarias a la condición del suelo del PN. Pese a ello, el pasado verano sin ir más lejos y durante cuarenta días la Junta de Desagüe incumplió esos mínimos por lo que Fiscalía procedió a abrir una investigación para dirimir responsabilidades penales.

Mollà reconoció la la «complejidad de conjugar los diferentes intereses sobre el lago, intereses en el sentido más positivo de la palabra - matizaba- y del decrecimiento del volumen global de retornos de riego superficial y subterráneo», una tendencia constante a la baja desde la década de los años setenta. Entre las asignatura pendientes admitía la actualización del Plan Rector de Uso y Gestión del PN, la restauración de motas, así como las obras del colector Oeste o la finalización de los tanques de tormenta.