Uno de los elementos que más contribuye a ensuciar la imagen de la ciudad es que sus principales monumentos o edificios protegidos aparezcan con pintadas u otros desperfectos propios de actitudes incívicas y hasta delictivas. Para tratar de paliarlo, y para evitar que escenas como las pintadas del pasado mes de abril en las puertas de La Lonja queden impunes, la Concejalía de Cultura instalará 43 cámaras de videovigilancia en siete edificios patrimoniales declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
Este proyecto, que se aprobó el pasado mes de mayo en una Junta de Gobierno, entra ahora en los presupuestos municipales con una cantidad total de 508.000 euros. Está prevista la protección de monumentos tan relevantes como la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos, las Torres de Quart, las Atarazanas, el Almudín, el Palau de Cervelló y el Museo de la Ciudad.
La petición de instalar cámaras en este tipo de edificios lleva ya varios años sobre la mesa. Uno de sus principales impulsores ha sido desde hace tiempo el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio. De este modo, su coordinador, César Guardeño, recuerda que episodios como el incendio de una de las puertas románicas de la Catedral, en diciembre de 2017, o las reiteradas pintadas en la Lonja, así como las actitudes incívicas que se generan con el botellón en el entorno de edificios patrimoniales en fiestas como las Fallas, hicieron que el debate se reabriera y que desde la Concejalía de Cultura se empezara a pensar en serio en optar por la videovigilancia para proteger estos edificios y también para prevenir conductas incívicas y sancionarlas cuando se produjeran.
No obstante, para Guardeño esta medida «llega bastante tarde después de un proceso muy lento. Es algo que tendría que haberse aprobado incluso en anteriores legislaturas». Recuerda que todavía hay que sacar el concurso público y licitarlo, con lo que prevé que, como muy pronto, estarían instaladas en verano.
Para Guardeño, pese al retraso, es una medida «positiva», aunque pide «que no se quede ahí». Defiende, además, un plan específico e integral para luchar contra este tipo de delitos y contra el vandalismo callejero». Y hace una matización: «Una pintada en la calle es vandalismo, pero una en un edificio patrimonial es un delito penal y tiene que ser condenado como tal», pues, lamenta, «todavía hay una gran sensación de impunidad». Por otra parte, reclama más educación y concienciación desde los colegios y más campañas desde las instituciones locales y autonómicas en esta línea.
En la misma línea se expresaba la concejala de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda, Sandra Gómez. De este modo, reclamaba «penar más este tipo de comportamientos porque dañan nuestro patrimonio histórico. Existen ya una serie de sanciones administrativas, pero yo estoy de acuerdo con que quizás se debería hacer algún tipo de revisión para que esta gente se lo pensara dos veces antes de atacar nuestro patrimonio histórico», sentenciaba.
