La declaración ayer de la jefa de gestión de la EMT María Rayón en la comisión de investigación interna para aclarar el fraude de los 4 millones sirvió para confirmar varias cuestiones que podrían tener más consecuencias a corto y medio plazo, en el ámbito político o incluso en el de la legislación laboral. Rayón descargó en la exjefa de administración de la compañía Celia Zafra toda la responsabilidad de lo ocurrido, al explicar que se había excedido en sus competencias y actuado por su cuenta. Así lo explicaron los consejeros de la EMT de toda la oposición, y de Compromís, que culparon, a su vez y también, a CaixaBank del desfalco.
Los representantes de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- más los del PSPV, socio de gobierno de Compromís en el Ayuntamiento de València, consideran que se tienen que depurar una serie de responsabilidades que van más allá del despido de Celia Zafra y de lo que concluya la autoridad judicial que ya investiga el caso. Esas responsabilidades tienen que ver con los fallos «en los controles internos de la firma y
las vulnerabilidades» que mostró ante los estafadores. De hecho «aunque han pasado ya 50 días desde el fraude, aún no se han cambiado los procedimientos» que pudieron favorecer esta estafa, abundó el consejero del PP Carlos Mundina. Mientras que el edil de Ciudadanos Narciso Estellés hizo hincapié en que Rayón, acudió al «comité de crisis» convocada tras detectarse el fraude el 23 de septiembre, aún de baja; y volvió a trabajar el 25 de septiembre pero «hasta el 1 de octubre no abrió ni leyó correos», lo que a este consejero le resulta muy chocante.
Los concejales de PP -Mundina y Marta Torrado-, Ciudadanos y Vox -Vicente Montáñez- pidieron tras escuchar a Rayón que haya consecuencias políticas como la dimisión de Giuseppe Grezzi -presidente de la compañía-, que se destituya al gerente de la EMT y a su secretario, y a la propia María Rayón, para la que también pidieron medidas disciplinarias.
Tanto Mundina como Estellés y el consejero del PSPV Ramón Vilar, confirmaron a la prensa que María Rayón, que estaba de baja por maternidad y luego con permiso por lactancia, seguía trabajando desde casa y también lo hizo en los días que ocurrió la estafa. Eso para toda la oposición y los socialistas es una situación «sorprendente» e «irregular» en el campo de la legislación laboral.
De hecho, Estellés ratificó a Levante-EMV que esta directiva dijo en la comisión que accedió desde su domicilio al visor del sistema de ,banca online y llegó a autorizar un pago de 600.000 euros el 16 de septiembre. Esa remesa no forma parte de los 4 millones estafados. Sin embargo, Rayó no aclaró si pudo ver movimientos de cuentas u otra información relevante sobre el robo. Por último, Compromís y Grezzi se quedaron solos en su postura de culpar exclusivamente a la exjefa de administración y a CaixaBank del fraude.
