El Ayuntamiento de València va a obligar a todas sus empresas municipales, además de sus organismos y fundaciones a implantar planes de prevención de riesgos penales tras el fraude de los 4 millones detectado en la EMT. Así lo anunció el alcalde Joan Ribó en el pleno al afirmar que Compromís va a cumplir una serie de compromisos, relacionados con la Comisión de Investigación sobre la estafa, que incluye aprobar el denominado Compliance penal o plan de prevención de riesgos penales para la EMT y después para el resto de fundaciones y organismos municipales. El Compliance penal ofrece una conjunto de herramientas y procedimientos legales a las empresas -inspirados en la reforma del Código Penal de 2015 y en el artículo 31 bis- que permiten diferenciar muy bien y ante un posible delito penal si la responsabilidad recae en la empresas como ente corporativo y persona jurídica, o si corresponde asumirla a uno o varios directivos a título personal. Esto quiere decir que una posible mala praxis de un alto ejecutivo no tendría que perjudicar a toda la sociedad ni a otros superiores o subordinados. Dicho de otra manera, si la EMT tuviese un plan de prevención de riesgos penales ya, el juez podría centrar la responsabilidad de lo ocurrido en Celia Zafra -la exdirectiva despedida- o en otros componentes de la cúpula, y eso podría liberar al organismo autónomo de una responsabilidad subsidiaria. De hecho, el concejal de hacienda socialista Ramón Vilar anunció el martes, después de la reunión interna en la empresa municipal, que la semana que viene se reunirá la denominada Mesa de Armonización y Homologación de Entidades del Sector Público Local del cap-i-casal, que el mismo preside, para empezar a trabajar ya en este plan de prevención de riesgos penales y en otros procedimientos más seguros para la EMT.
Auditoría informática
Joan Ribó avanzó también en el hemiciclo que tanto en la EMT como en el resto de fundaciones y empresas municipales «realizaremos una auditoría de seguridad sobre los sistemas informáticos y sus posibles vulnerabilidades». Una vez detectadas esas debilidades se obligará a los 17 organismos, empresas y fundaciones municipales a aplicar los protocolos, procedimientos y medidas de seguridad descritos.
Acepta sustituir a Martínez
Más concretamente el alcalde circunscribió todos estos compromisos adquiridos por Compromís a la comisión de investigación y dijo que la coalición «asumirá la conclusiones» de esta investigación desarrollada en el seno de la empresa. Esto quiere decir que si prospera lo anunciado por sus socios de gobierno, el PSPV, se incluirá en el documento final de las conclusiones que el secretario de la EMT será un habilitado nacional en lo sucesivo tal como han pedido los socialistas.
Por tanto, de manera implícita el alcalde se comprometió ayer ante la corporación a que aceptará sustituir al secretario asesor Salvador Martínez por uno de los secretarios municipales pese a que también defendió su labor como asesor jurídico de la compañía y su trabajo desde 2015 a esta parte.
Cabe recordar que en el pleno extraordinario monográfico sobre el desfalco, de octubre, ya se acordó implantar estas medidas especiales.
