La investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales contra medio centenar de cargos del anterior grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València podría dar un giro justo en el momento en el que la fase de instrucción prácticamente ha finalizado.
Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, al menos dos excargos del PP que figuran como imputados -ahora, investigados- en la causa han presentado un escrito ante el juzgado de Instrucción 18 de València en el que solicitan volver a declarar por estos hechos.
Uno de esos dos imputados es el exconcejal Alberto Mendoza, quien quedó fuera de la lista del PP en las ultimas elecciones municipales. Junto a Mendoza también ha pedido volver a declarar una exasesora del PP municipal que sigue investigada por estos hechos, Cristina Montalvá.
El juzgado todavía no ha fijado la fecha de la declaración. Ambos se han amparado en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim), que establece que cualquier imputado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juzgado recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa, como es el caso.
El pitufeo es la mecánica a la que habría recurrido el PP, según sospecha la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, para financiar parte de la campaña electoral de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2015. En concreto, consiste en limpiar cantidades pequeñas de dinero para evitar que salten las alarmas de los supervisores.
Según consta en el sumario de esta pieza separada del caso Taula, a los investigados se les propuso participar en el presunto pitufeo por el que entregaban 1.000 euros al grupo municipal del PP y, posteriormente, se les devolvería el dinero en dos billetes de 500 euros que no debían ingresar en su cuenta corriente.
La persona que habría solicitado el dinero es Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal a la que la investigación le atribuye el papel de cajera de la trama. La Guardia Civil sostiene en sus informes que ese dinero «a juicio policial puede provenir de contraprestaciones ilícitas en el campo de la contratación pública».
La decisión de volver a prestar declaración no es baladí. La investigación judicial por estos hechos ya ha finalizado y las partes están a la espera de que el juez dicte su auto de procesamiento para presentar los escritos de acusación y defensa.
El exconcejal Alberto Mendoza y Cristina Montalvá han pedido cambiar su declaración tras contratar a un nuevo abogado. Ambos comparten ahora la misma estrategia de defensa, un hecho que ha generado cierta inquietud entre el resto de imputados. Muchos de los investigados consideran que tienen defensa sin admitir los hechos, pues a su juicio el caso acumula cuestiones jurídicas que podrían propiciar un archivo.
Según avanzaron ayer diversas fuentes, la solicitud de comparecencia voluntaria viene precedida de un encuentro del nuevo abogado de Mendoza y Montalvá con la Fiscalía Anticorrupción. Al parecer, los dos podrían admitir que blanquearon 1.000 euros cada uno por indicación del partido en 2015, aunque por el momento se desconoce el alcance de su declaración o si han llegado a un acuerdo con el ministerio fiscal para seguir tirando de la manta.
Según la Guardia Civil, «de la investigación desarrollada hasta la fecha se desprende, entre otros hechos, la existencia de una serie de personas, relacionadas con el grupo municipal del PP de València, que presuntamente habrían ejecutado unos actos concretos con los que habrían contribuido a la afloramiento de 50.000 euros de procedencia ilícita».
