23 de noviembre de 2019
23.11.2019
Problemas

Nueve entidades sociales denuncian el corte de luz a 14 familias de bloques portuarios

Los cortes se produjeron los pasados 18 y 19 de este mes "sin previo aviso", critican los afectados - Iberdrola alega que fue por "seguridad" debido a los enganches ilegales y el riesgo de incendio

22.11.2019 | 22:23

La situación de limbo administrativo y legal en el que se encuentran desde hace años los conocidos como bloques portuarios del barrio del Cabanyal, que de hecho están fuera del plan de ordenación urbana, con todo lo que ello implica, vivió hace unos días un nuevo episodio en el que se vieron afectadas 14 de las 168 viviendas. Así, como denuncian hasta nueve plataformas sociales que trabajan en el barrio, los pasados días 18 y 19 de noviembre técnicos de Iberdrola, acompañados por agentes de la Policía Local, acudieron «sin previo aviso y sin coordinación con los servicios sociales y dejaron sin luz a varias familias en situación de exclusión y pobreza. Se trata de hogares, en muchos casos, con menores escolarizados en colegios del barrio», critican. Una actuación que los colectivos firmantes tildan de «indecente», más aún llevándose a cabo «en plena ola de frío y en familias con menores».

Por otra parte, agregan que muchas de estas familias llevan mucho tiempo intentando regularizar sus suministros de luz y agua, pues en muchos casos se trata de viviendas sin cédula de habitabilidad, lo que complica sobremanera estas peticiones.

Ayer, fuentes de Iberdrola explicaron, a este respecto, que el corte del suministro en estas catorce viviendas obedece exclusivamente a una «cuestión de seguridad», ya que tenían enganchada la luz directamente en el cableado sin contrato y sin contador. Es decir, «había un peligro real de que se produjera un incendio y los pusiera en peligro no solo a ellos, sino también a las otras viviendas que funcionan correctamente».

Las fuentes aseguraron que no ha habido un problema de impagos, porque no hay contratos, ni tampoco se han visto afectadas las familias que tienen dada de alta la luz legalmente. «Es por la seguridad de todos los que estan allí en condiciones», insistieron, pues «los contadores están en la planta baja y un incendio afectaría a toda la finca».

El hecho de no haber avisado a nadie, como dicen los afectados, se debería exclusivamente, según las fuentes, a que «no hay contratos y por tanto no hay nadie a quien dirigirse».

Precisamente ayer Tomás Correas, portavoz de una de las asociaciones firmantes, Millorem El Cabanyal, ironizaba sobre esta cuestión y, tras asegurar que muchas familias llevan, efectivamente, años tratando de regularizar su situación y poder dar de alta, por tanto, los suministros, indicaba que «a veces parece que lo que se busca es que ocurra una desgracia, que todo se declare en ruinas y que todo el mundo se tenga que ir de aquí, pero eso no se puede admitir».

Contactos con la conselleria

El propio Correas admitía que desde la Conselleria de Vivienda se habían puesto en contacto con ellos para indicarles que estaban pendientes de la situación y que «iban a tomar cartas en el asunto de inmediato», aunque se preguntaba «por qué ahora cuando es algo que viene desde hace tiempo y ya lo estábamos avisando».

La propia directora general de Emergencia Habitacional, Lorena Sanz, hablaba ayer con este periódico y confirmaba esta predisposición, agregando que el lunes se van a reunir con diversos organismos del ayuntamiento, entre ellos Servicios Sociales, Policía Local o Vivienda, para buscar soluciones a la situación de estas familias.

«Ya hemos remitido cartas a varias familias que residen en viviendas que son propiedad de la Generalitat Valenciana para que regularicen su situación y puedan dar de alta sus suministros», comentaba Sanz. Aunque también matizaba que en muchos casos es «complicado» determinar qué familias están enganchadas de forma irregular, por lo que es también difícil ofrecer soluciones para todos los casos afectados.

Sanz asegura que desde la conselleria «intentamos solucionar el problema habitacional de cualquier persona, más aún cuando hay menores afectados». Mientras tanto, sobre la situación general de los bloques, sobre los que nadie sabe aún si se optará por derrumbarlos o rehabilitarlos, se decantaba más por la segunda alternativa: «Derribar es el último recurso. Si se puede mantener nuestra intención, aquí y en el resto del barrio es la de rehabilitar y cuando no se pueda ofrecer una alternativa habitacional para que nadie se quede en la calle». Una propuesta, que, por cierto, también es la que defienden los colectivos firmantes, aunque lamentan que «hasta el momento solo hemos recibido evasivas de los poderes públicos y nos sentimos impotentes ante la falta de acción de los responsables políticos».

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