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Cien familias piden precios asequibles para comprar sus viviendas de alquiler

El ayuntamiento fijó baremos muy elevados que impiden que muchos inquilinos de casas municipales puedan ejecutar su opción de compra

Viviendas de Aumsa en la Avenida de los Naranjos. levante-emv

Un centenar de familias alojadas en viviendas municipales de la empresa Aumsa han denunciado el elevado precio al que el ayuntamiento les quiere vender esas casas una vez que ha terminado su periodo de alquiler inicial. Según dicen, el precio estipulado en su día está por encima del precio de mercado de la actualidad y son muy pocas las familias que podrán quedárselas.

El problema se genera porque las viviendas que la empresa municipal Aumsa viene ofertando desde 2009 en alquiler con opción de compra tenían entonces un precio que no se corresponde con la situación actual. El gobierno de la Generalitat de aquella época aplicó al precio fijado por el gobierno, 758 euros el metro cuadrados, el máximo coeficiente posible, 2,4, disparando su precio hasta los 1.819 euros por metro cuadrado, algo similar a lo que se fijó en Madrid y Barcelona.

Ese precio, además, se ha mantenido inamovible en el tiempo y cuando ha llegado la hora de ejecutar la compra de las viviendas, diez años después, es un precio por encima de la realidad del mercado, según denuncia la Plataforma de Inquilinos con Opción a Compra, que agrupa a más de cien familias.

La plataforma asegura que el precio medio de la vivienda con más de cinco años de antigüedad está actualmente en 1.395 euros por metro cuadrados. Y además, el propio consejo de administración de Aumsa ya reconoció esta situación cuando adjudicó 46 viviendas en el año 2017 a 1.284 euros el metro cuadrado. Este creen que sería un precio ajustado a la realidad y eso es lo que piden a Aumsa, que tiene previsto reunir en breve a su consejo de administración para fijar los precios de venta.

El ayuntamiento ha advertido de que las familias que no compren la vivienda podrán seguir en régimen de alquiler, pero esto tampoco contenta a los afectados, pues «sus viviendas quedan al amparo de las decisiones políticas y de los cambios de gobierno municipal que puedan producirse en el futuro, ya que al tener calificación de venta el ayuntamiento siempre podría venderlas», como ha pasado en Madrid.

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