El Consejo de Administración de la EMT, con los votos favorables de Compromís y PSPV, designó ayer como nueva letrada-asesora de la empresa a Virginia Álvarez, una abogada de la casa y personal de confianza de la cúpula directiva del presidente Giuseppe Grezzi y el gerente Josep Enric García.
Se da la circunstancia, como denunciaron los consejeros del PP Carlos Mundina y Marta Torrado, que el nombramiento de Virginia Álvarez se produce un día antes de que esta abogada tenga que declarar hoy en la comisión de investigación sobre el fraude. El ascenso a jefa de los servicios jurídicos de la EMT, explica Mundina, «comporta un incremento de casi el doble de sus retribuciones al pasar de unos 37.000 euros a unos 60.000, aunque hemos visto las funciones que ya tenía esta trabajadora y básicamente entendemos que no van a cambiar mucho».
En la reunión del Consejo de Administración se aprobó también nombrar al secretario del Ayuntamiento de València Hilario Llavador como nuevo secretario de la EMT. Este nombramiento tiene el apoyo de todos los consejeros de todos los grupos municipales, lo que pasa es que al votarse en conjunto con la designación de la letrada asesora contó con el rechazo de la oposición: PP, Ciudadanos y Vox.
Por otra parte, la figura del ya exsecretario de la empresa pública, Salvador Martínez Tarín, volvió a generar controversia. «De bochornoso» calificó el consejero Narciso Estellés, de Ciudadanos, que el exletrado de la empresa haya renunciado a cobrar desde que se le renovó el contrato el 1 de octubre -unos 6.000 euros- porque entiende este concejal que lo hace para no tener que facturar a través del bufete de abogados, que está ligado profesionalmente al cuñado del alcalde Joan Ribó. Esta renuncia a no cobrar suscitó un cabreo monumental en la oposición que ven en ella una maniobra de la cúpula de la EMT y de Compromís para no desgastar más la imagen del alcalde.
Otro punto que suscitó un enfado generalizado en PP, Vox y Ciudadanos, y esta vez también de los socialistas, socios de gobierno de Compromís, fue el acuerdo no llevado a efecto del Consejo de Administración de primeros de octubre para notificar el fraude de los 4 millones al Tribunal de Cuentas y al Banco de España.
Ayer, por tercera vez, quedó sobre la mesa la decisión de elevar este desfalco a esas instancias superiores porque un informe de los abogados Melero & Gené, contratados por Grezzi y su equipo, volvió a desaconsejar hacerlo. El dictamen fue calificado de «escueto», «no vinculante» y «falto de argumentos jurídicos» por el consejero socialista Ramón Vilar, que junto a su compañera Elisa Valía han reclamado otro más amplio. No es de extrañar porque el referido documento fue elaborado la víspera, antes de ayer.
