Al menos 60 jefaturas de sección y oficinas municipales, entre las que figuran el puesto de director de la Casa Museo Blasco Ibáñez y las secretarías de las Juntas de Distrito Municipales, van a desbloquearse en los próximos días. Después de que el PP haya reculado, un buen número de altos cargos municipales saldrán a concurso, si procede, para que los ocupen los candidatos que ganen estos procesos de selección o para ratificar a los funcionarios que los desempeñan ya, en el caso de que nadie opte, o de que las personas que estén en el cargo sean las más cualificadas.
Desde marzo de 2019, apenas 2 meses antes de las elecciones de mayo, las contrataciones de una buena parte de las áreas y servicios del consistorio están paralizadas por una petición de oficio que presentó el exconcejal y portavoz del PP, Eusebio Monzó. Fuentes del Govern del Rialto afirman que los populares «realizaron esta solicitud por registro de entrada del Ayuntamiento con la única intención de paralizar la administración local a pocas semanas de celebrarse las elecciones de mayo». En la práctica, «esta solicitud obligó a parar cualquier convocatoria de concurso y además hubo que revisar las contrataciones de decenas de puestos de trabajo y expedientes», remarcan estas fuentes.
Concretamente, la petición de oficio se registró en la parte final del primer mandato liderado por Joan Ribó y provocó «una paralización» de la máquina administrativa, que se unió a la generada por la interinidad propia de los meses en el período preelectoral y postelectoral.
Por ende, la petición de Eusebio Monzó generó «gran inestabilidad e incertidumbre» entre los trabajadores de la plantilla municipal, que desempeñaban estos puestos de trabajo o en aquellas personas que quisieran optar a ellos, pues ante la duda, «se tuvieron que paralizar las convocatorias».
Precedentes de 2015
La revisión de oficio solicitada por los populares estaba motivada indirectamente por una sentencia de lo contencioso-administrativo que se conoció en 2016. Este fallo condenó al último gobierno de Rita Barberá por dos concursos de 2015, efectuados en febrero y marzo, que sumaban hasta 44 jefaturas de sección. La referida sentencia anuló esas contrataciones por vulnerar la Ley de la Función Pública Valenciana. La autoridad judicial obligaba a revisar esos nombramientos que se produjeron pocos meses antes de las elecciones de mayo de 2015, en las que perdió Rita Barberá y en las que Ribó y los socialistas ganaron para formar el primer Govern de la Nau.
La revisión de oficio es muy costosa en términos de recursos humanos y en cuanto a los plazos temporales y administrativos. Tras celebrarse los comicios de mayo de 2019 y repetir el triunfo el bloque de izquierdas, en septiembre, la junta de gobierno con Compromís y PSPV se puso manos a la obra y acató la solicitud de PP del anterior mandato. Aprobó el expediente para proceder a revisar las contrataciones desde 2015 a esta parte.
Aquello ponía en jaque decenas de jefaturas, incluidas también las ocupadas por mandos intermedios de confianza de los populares. Así que en octubre, el PP cambió su estrategia y permitió desbloquear la situación. El concejal Juan Giner, con María José Català como jefa de la oposición en el grupo municipal, presentó una petición para que se anulase la revisión de oficio y para renunciar de forma expresa a efectuar este costoso estudio pormenorizado de decenas de expedientes y de los concursos correspondientes a, al menos, esos 60 puestos directivos de la alta y mediana escala municipal.
En el escrito presentado en la junta de gobierno del 11 de octubre se justifica que no se lleve a cabo esta fiscalización generalizada por varias razones. Una, «por economía» procedimental y de medios humanos y materiales, ya que mientras se dedicaban recursos a esto, no se dedicaban al día a día.
En segundo lugar, el escrito firmado por Juan Giner reconoce que, de revisarse los puestos de trabajo en solfa, no cambiarían sustancialmente las personas que los ocupan, porque una parte de ellas ya no están en el ayuntamiento y los otros beneficiarios son jefes de sección o de oficinas que, aunque se revisasen sus contrataciones, volverían a adjudicárselas porque efectivamente son los más cualificados.
Perjuicio los trabajadores
Así, en tercer lugar, se demuestra que la iniciativa del PP ha generado «una inseguridad» en los trabajadores municipales que no ha beneficiado a nadie y en aras a no perjudicar a los empleados públicos, Giner demandó anular cualquier revisión.
Por todo ello, la rectificación del grupo municipal de Català ha desbloqueado no solo los 44 nombramientos que la justicia anuló, «sino también los que no se han designado desde abril de 2019 por preocupación y ante la inseguridad jurídica creada por los populares», afirman fuentes del gobierno municipal.
En total, habría que hablar de al menos una veintena de otros puestos directivos que se habían paralizado. Entre ellos, los más relevantes son los de las secretarías de las Juntas de Distritos Municipales, que por fin podrían constituirse durante este mes como han pedido las asociaciones de vecinos, y otros recursos como la dirección de la Casa Museo de Blasco Ibáñez.
