Maite Soriano y Sara Rico son maestras y gestoras del CEI Campament de educación infantil de Benimàmet desde 2008 y, aunque dicen que es un proyecto complicado de llevar por la falta de recursos, se esfuerzan en ofrecer el servicio a todas las familias que lo necesitan. Sin embargo, la situación de este curso escolar se ha complicado por el retraso «extremo» en las ayudas económicas que concede la Generalitat Valenciana y que supone la mitad de sus ingresos.
Las familias con dificultades económicas pueden recibir en total tres ayudas económicas para escolarizar a sus hijos e hijas: dos por parte del Ayuntamiento de València (cheque comedor y cheque escolar), y una de la Conselleria de Educación, un bono infantil ligado a la renta de cada familia que se aportaría mensualmente para costear la cuota de cada niño. En este último caso, la escuela infantil es la encargada de solicitar la ayuda y es la que la recibe directamente.
En el CEI Campament, donde dan clase a 35 niños y niñas de 0 a 3 años, el aporte del bono infantil supone el 50% de los ingresos totales. No obstante, las propietarias del centro critican que han estado tres meses sin cobrar esta ayuda y se han visto obligadas a dejar de percibir su sueldo para pagar los gastos de la escuela (la luz, el gas, el agua, la comida, el material educativo, la nómina de una trabajadora, los impuestos, etc.).
La situación se ha agravado aún más por el retraso endémico que conlleva la burocracia en el resto de las becas que, junto con el bono de Conselleria, suponen el 85% del dinero que necesita el centro para funcionar. Y, además, hay más niños beneficiarios y el importe es mayor respecto al año pasado. «Cada semana pensamos, si no hay nada en el banco ¿cómo vamos a comprar la comida de los niños para la semana que viene? ¿Cómo vamos a pagar la luz?», denuncia Sara Rico.
Las maestras se reunieron con los padres y madres del alumnado para comunicarles la falta de recursos del centro y que, en una circunstancia límite, contemplarían la posibilidad de cerrarlo. Así, los familiares expresaron su malestar en un comunicado y señalaron la importancia de que sus hijos se escolaricen.
«Ahora funcionamos con el préstamo, ya que como la deuda corresponde a Conselleria, el banco nos lo concedió», dicen las maestras. Sara Rico insiste en que les preocupa más no poder comprar cosas para los niños, que dejar de cobrar su nómina pero que se trata de una situación «insostenible», no tienen estabilidad económica y dependen de sus familiares.
Muchas de las familias no podrían permitirse abonar la cuota íntegra de sus hijos, por tanto, dejarían de escolarizarlos, con las dificultades de conciliación y de formación que comportaría. Por eso, Maite Soriano y Sara Rico no quieren tomar esta medida y consideran «injusto excluir a niños porque no puedan pagarlo y crear desigualdades entre ellos desde tan pequeños». La Conselleria de Educación, encabezada por Vicent Marzá, abrió el plazo de solicitud del bono infantil para el curso 2019/2020 en el mes de junio y, con el curso iniciado, publicó la resolución de la ayuda en octubre.
Las maestras costearon de su bolsillo alrededor del 62% de los gastos del centro durante septiembre, octubre y noviembre (aproximadamente 16.800 euros) más la parte proporcional que están pagando del mes de diciembre; hasta que el fin de semana pasado percibieron la cantidad del bono correspondiente a septiembre (4.410 euros).
«El problema es que prometen unas ayudas que luego no se cumplen cuando se necesitan, sino más tarde», denuncia Maite Soriano. Las propietarias de CEI Campament de Benimàmet también solicitan que las ayudas sean entregadas directamente a los padres y madres. «Como ahora lo gestiona el centro y no les toca el bolsillo directamente porque lo costeamos nosotras, las familias se olvidan», añade Sara Rico.
Los retrasos en la concesión de ayudas públicas es un problema generalizado que se sucede año tras año en la Comunitat Valenciana. Este hecho ha causado, en parte, que uno de los tres centros de Benimàmet echara el cierre y el CEI Campament tuviera que atender a sus alumnos y alumnas.
Soriano y Rico aseguran que si ellas cerraran, la escuela infantil restante del barrio no podría absorber toda la demanda de escolares existente.
