Los estafadores que han robado algo más de 4 millones de euros de la Empresa Municipal de Transportes de València han reenviado ese dinero a una amplia red de testaferros y sociedades extranjeras. El objetivo de esta estrategia, al fraccionar en pequeñas y medianas cantidades económicas el monto de lo defraudado, es tratar de burlar a las autoridades y hacer más complejo que se pueda rastrear el destino de los fondos públicos sustraidos para tratar de recuperarlos.
Los 4 millones están repartidos en las cuentas de al menos una veintena de sociedades extranjeras, tras ser redistribuidos a ellas por los titulares de las dos cuentas del Bank of China a las que se transfirieron desde la compañía valenciana. «Esto puede dificultar la recuperación del dinero defraudado», lamentaron fuentes del Consejo de Administración de la mercantil en declaraciones a Levante-EMV.
Además, a la hora de establecer posibles responsabilidades policiales o judiciales va a hacer más complicado citar a los dos ciudadanos chinos que recibieron el dinero en la oficina de la entidad bancaria asiática en Hong Kong para interrogarlos y tratar de recuperar el dinero. «Hong Kong es un país extranjero para la República Popular China de manera que el procedimiento para notificar a estas dos personas se va a retrasar al menos seis meses», señalaron las mismas fuentes. El bufete que ha contratado la EMT para pleitear en la antigua colonia británica ha rastreado el paradero del dinero defraudado mediante el engaño a la exdirectiva Celia Zafra y ya ha informado a consejeros de la compañía sobre la trama fraudulenta que se habría enriquecido del engaño a la extrabajadora.
Las 8 transferencias ordenadas por Zafra desde CaixaBank al Bank of China se ingresaron en las cuentas de dos ciudadanos chinos. A partir de ahí, ese dinero se ha distribuido a una veintena de cuentas de otras tantas sociedades extranjeras en más transferencias que van desde 8.400 dólares a 645.000, la mayor cuantía.
En el próximo Consejo de Administración de la EMT, programado para el martes, está previsto que los abogados contratados por la mercantil Xavier Melero y Judit Gené informen a los consejeros de diversas cuestiones relacionadas con el fraude y de la estrategia judicial contra CaixaBank, que según la EMT, cometió fallos que hicieron posible que el dinero acabase en China. También es muy probable que en el el referido Consejo se dé cuenta de esta información que desvela hoy este periódico sobre la redistribución del dinero estafado a la compañía entre una veintena de cuentas de sociedades y testaferros internacionales.
No hay que olvidar que la EMT firmó con el despacho de abogados internacional NC Global Services HK Limited para llevar a cabo las pesquisas necesarias ante la Policía y las autoridades asiáticas; y para que pleitee en los tribunales de Hong Kong para recuperar el dinero. A priori, los abogados asiáticos solicitaron el bloqueo de las cuentas donde fueron los fondos. Parece que estos primeros movimientos ya han surtido efecto porque el alcalde de València, Joan Ribó, anunció recientemente que se han conseguido bloquear cerca de 150.000 euros en un banco de Hong Kong de los cuatro millones de euros defraudados. El primer edil admitía que se trata de una cantidad «pequeña» pero «significativa». Por ello, consideró que es una «buena noticia» y un «paso adelante» en el objetivo de la estrategia emprendida para que el dinero del fraude vuelva a la EMT.
Hay que recordar que la primera transferencia con destino a Hong Kong se realizó el 3 de septiembre y fue por valor de 343.000 euros. Hasta el día 23, que saltó la alarma, se realizaron otras 7 las jornadas 6, 9, 11, 13, 17, 18 y 20 de septiembre. La última, de casi 700.000 euros fue abortada tras pedir el banco más garantías después de haber transferido más de cuatro millones.
Otras fuentes consultadas por este periódico informan de que la mayor parte de las sociedades que habrían recibido este dinero tienen su sede en Hong Kong aunque estarían gestionadas por ciudadanos chinos.
Por ende, podría haber también transferencias a personas físicas de China y a sociedades de Malasia y Moldavia, mediante una red de testaferros.
