Representantes de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (Avaces) se han reunido esta semana con el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de València y con los responsables de este área en el grupo popular municipal con el fin de trasladarles sus inquietudes ante la actual regulación del Ayuntamiento de València que, según dicen, abocaría al cierre a la inmensa mayoría de las viviendas de uso turístico (VUT) de la ciudad y supondría la pérdida de 2.000 empleos directos y unos ingresos anuales de 550 millones de euros.
La presidenta de Avaec, Pilar Giner, agradeció a Emiliano García la buena predisposición mostrada, aunque ha lamentado «la falta de una respuesta efectiva por su parte para tener en cuenta a este sector y acabar con la inseguridad jurídica generada por una regulación impulsada por su propio partido y que implanta requisitos imposibles de cumplir, como la ubicación en planta baja o primera planta».
En este sentido, los afectados recuerdan que tanto los actuales propietarios particulares como gestores de VUT, cumpliendo la legislación vigente en el momento de su puesta en marcha, «se lanzaron a hacer una importante inversión para adecuar sus inmuebles a estos fines y que muchos de ellos decidieron hacerlo en un escenario de crisis, tras la pérdida de su empleo, como fuente de ingresos esencial (para hacer frente a sus gastos ordinarios y, en muchos casos, al pago de una hipoteca) o como un plan de jubilación, sin el que se quedarían si tuvieran que cesar su actividad». Muchos de ellos, cuando tomaron esta decisión, «cumplieron los requisitos vigentes en ese momento (su registro en Turismo de la Generalitat), pero el nuevo planteamiento municipal supone un cambio de reglas del juego en mitad de la partida que no solo les deja absolutamente indefensos jurídicamente sino que les sitúa ante sanciones que no tienen justificación, máxime cuando ni siquiera han sido tenidos en cuenta en los principales foros en los que se debate y decide sobre estas cuestiones».
Según Avaec, tras la reunión se ha constatado que «el gobierno municipal no dispone de datos rigurosos que avalen las medidas restrictivas que se están adoptando en relación con las VUT, a pesar de sus graves consecuencias tanto sobre los propietarios y gestores como sobre el turismo y, en general, sobre la economía de la ciudad, lo cual denota una falta absoluta de estrategia y previsión».
Tendencia mundial
La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia, fundada en enero de 2016, asegura que sus socios están contribuyendo a la creación de empleo y a la dinamización de la economía local y son, además, la «respuesta a una tendencia imparable en todo el mundo, puesto que cada vez son más las personas que eligen este tipo de alojamiento cuando se desplazan por diferentes motivos».
Es más, creen que los usuarios de VUT de no encontrar este tipo de alojamiento, no se irían a un hotel, sino que buscarían otro destino que lo tuviera. Según datos del INE, en 2018, un total 228.444 viajeros decidieron alojarse en una VUT en València y generaron 768.251 pernoctaciones. «Con la nueva regulación que plantea el ayuntamiento, que supondría el cese de actividad de alrededor del 90% de las VUT, València perdería alrededor de 200.000 viajeros y cerca de 550 millones de ingresos».
