El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT, acordó ayer, siguiendo con el acuerdo alcanzado por Compromís y el Partido Socialista en esta materia, poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas y del Banco de España la estafa de cuatro millones de la que fue objeto la empresa de autobuses el pasado mes de septiembre. La denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que será inmediata, pretende aclarar responsabilidades contables en el fraude, mientras que el Banco de España, cuya denuncia se aplazará hasta el mes de enero para presentar toda la documentación posible, tendrá como principal fin establecer las responsabilidades de la entidad bancaria a través de la cual se materializaron los pagos y, en consecuencia, el fraude.
Para llegar a este punto, los socios de gobierno debieron resolver primero sus diferencias y luego llevar al pleno una propuesta unificada que fue avalada por todos los grupos con representación municipal, que llevaban meses demandando este paso. De hecho, el grupo municipal de Ciudadanos ya presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que está en proceso de instrucción.
Según explicó la representante socialista en el Consejo de Administración de la EMT, Elisa Valía, su partido defendía, «desde el 7 de octubre comunicar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España» el fraude, registrado y detectado en septiembre, y así «la pérdida patrimonial de cuatro millones de euros en la EMT». Y ahora, efectivamente, «cada uno de los órganos buscará las responsabilidades, uno contables y el otro, con la entidad financiera» que cursó las transferencias enmarcadas en la estafa. «Que hagan su trabajo, nosotros como consejeros y como empresa hemos hecho el nuestro: comunicar el fraude», agregó.
El concejal de Compromís y máximo responsable de la EMT, Giuseppe Grezzi, explicó, por su parte, que «desde octubre se estaba debatiendo comunicar al Tribunal de Cuentas el fraude para que estuviera enterado», precisando que «todo el debate» se centraba en «si esta comunicación se tenía que hacer ya o, como decían los letrados y el técnico de Hacienda que compareció en la comisión de investigación, esperar a la finalización de la instrucción penal».
Grezzi explicó que la doctrina del Tribunal de Cuentas es actuar después de la instrucción judicial, por lo que no descarta que la denuncia que se materializará estos días quede en suspenso hasta que acabe el proceso en el juzgado.
En la oposición, PP y Ciudadanos valoraron la decisión de acudir al Tribunal de Cuentas y al Banco de España para trasladar el fraude, aunque creen que se podía haber hecho antes.
