La junta de gobierno del Ayuntamiento de València aprobará hoy la primera ordenanza de prestaciones individuales en materia de servicios sociales, dotada con más de 5 millones de euros en dos tipos de ayudas: unas incluidas en una línea de bienestar social «para todas las necesidades que pueda tener una familia en un momento puntual»; y otra, «para la mejora de la autonomía de los mayores». Se trata de la línea de este tipo «más ambiciosa de España, con el objetivo de garantizar una atención de calidad a la ciudadanía», como destacó la concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano.
La principal novedad de la convocatoria es que cubre «todas las necesidades básicas, como alimentación, vivienda, higiene, sanidad, nivel educativo, actividades de ocio y tiempo libre, necesidades de transporte o trámites documentales», cuando hasta ahora las ayudas «se limitaban a alimentación y a otros conceptos muy generales». En este segundo epígrafe se incluían hasta ahora las ayudas para pagar alquileres, parar desahucios o evitar cortes de servicios básicos como la luz o el agua, que lamentablemente son tan frecuentes desde la crisis de 2008 a esta parte.
Isabel Lozano, concejala de servicios sociales, presentó la nueva ordenanza. Germán Caballero.
En 2020, la corporación municipal destinará 5.218.000 euros, la misma cuantía que el año pasado, en unas ayudas que son «derecho subjetivo y universal» de cada persona beneficiaria, sin depender de una convocatoria concreta, destacó la regidora. Estas subvenciones también poseen un elemento de contraprestación: «Quien reciba la ayuda no solo cobrará, sino que también firmará un compromiso personalizado de realizar acciones de manera proactiva para mejorar su situación», enfatizó.
Por ende, se repetirá el apoyo a las personas en situación de máxima vulnerabilidad. No en vano, el año pasado se proporcionaron por parte de los servicios sociales municipales unas 15.000 ayudas para afrontar situaciones de máximo riesgo.
Isabel Lozano, y su equipo de Bienestar Social, entienden las ayudas de emergencia social como un plan de choque inmediato pero no como una solución a largo plazo.
Lozano defiende que la solución integral al problema de las personas en riesgo de exclusión social se encuentra en aplicar la Renta Valenciana de Inclusión en todos sus términos y en desarrollar la ley que la respalda para favorecer la integración socio-laboral de las familias.
Amplia cobertura
Con todo, la primera tipología de ayudas, las de necesidad social, que se presentó ayer, abarca conceptos como «deudas del alquiler, entrada de una vivienda, alojamientos alternativos, reparaciones en la vivienda, pago para paralizar desahucios u ofrecer alojamientos provisionales, reformas de habitabilidad, gastos de comunidad, acceso a mobiliario básico y electrodomésticos, gastos de suministros energéticos básicos, gastos para llevar gafas en caso de necesidad, y tratamientos podológicos u odontológicos».
Los requisitos para solicitar estas prestaciones son «estar empadronado en la ciudad de València o, en situaciones excepcionales, demostrar que se reside en la ciudad», como los extranjeros que no tienen regularizada su situación y están en situaciones de demanda de asilo o refugio.
La segunda línea, ayudas para la mejora de la autonomía de las personas mayores, cuenta con dos subtipos: «técnicas, como audífonos o adaptación de vivienda para personas con movilidad reducida, y adaptación de vehículos a motor». Para recibirlas hay que tener más de 60 años y demostrar algún grado de discapacidad motor o sensorial.
Por su parte, las personas que acrediten la condición de víctima de violencia de género «recibirán un 10 % adicional». Los dos tipos de prestaciones son compatibles «con otras ayudas, subvenciones o ingresos procedentes de cualquier administración», mientras que las familias que ya sean beneficiarias de la renta valenciana de inclusión tendrán una concepción directa.
Fruto de las ayudas se verán reforzado los 12 centros municipales de servicios sociales de València, con la incorporación de una decena de trabajadores para lograr «una herramienta de intervención comunitaria potente». El ayuntamiento también estudia habilitar un centro de llamadas para liberar a estos puntos de la tarea de información y atención.
Con la incorporación de más trabajadores sociales se dará mejor servicio a los vecinos y se permitirá que puedan acceder a las prestaciones que les concedan con mayor rapidez. Por otro lado, el Call Center agilizará también mucho los procesos porque se derivará a los ciudadanos a los departamentos y a los técnicos que deben ayudarles con más operatividad. Entonces los técnicos no tendrán que interrumpir su trabajo para hacer labor de ventanilla.
Por último, la ordenanza que hoy se aprueba deberá ser sometida luego a un período de alegaciones y aprobada para su aplicación en el pleno municipal. Ello comportará al menos un período de unos 30 días.
