Paso a paso, el Ayuntamiento de València avanza en la lucha contra la prostitución, concretamente contra la prostitución que se ejerce de manera clandestina en pisos aislados del centro de València, fundamentalmente. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avala el cierre de dos pisos del barrio chino (calle Viana, 11) donde se ejerce la prostitución al admitir los informes de la policía que certifican esa actividad y constatar que no tiene licencia ni tan siquiera de pensión. Para el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, esta sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, les proporciona una herramienta muy valiosa para acabar con este tipo de pisos en toda la ciudad.
La sentencia hace referencia a dos viviendas de la calle Viana, número 11. En el año 2013, el Ayuntamiento de València decretó el cierre de estos pisos por albergar una actividad ilegal de prostitución, pero los propietarios recurrieron ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia y finalmente ha habido un pronunciamiento que da la razón al consistorio y confirma la clausura de los inmuebles.
Según el informe policial, en estos pisos no hay cocina ni nada que permita considerarlas viviendas normales, sino «dos salas de estar con televisión, baño completo con una lavadora y cinco habitaciones, todas ellas con puerta, candado con cerradura, una cama, un lavabo y un bidet». Y se comprueba además que «el inmueble está destinado al alquiler de habitaciones por tiempo determinado en fracciones de 30 minutos a una hora, careciendo de licencia para el ejercicio de la actividad».
Por su parte, los propietarios de los pisos aseguran que no hay ningún contrato de arrendamiento por tiempo máximo de una hora ni se ha acreditado actividad alguna, por lo tanto no hay licencia que exigir.
No valora la prostitución
Con estos mimbres, el magistrado ponente se lanza a elaborar un dictamen advirtiendo que no es motivo de esta sentencia hacer «un juicio critico, estético o moral de la prostitución», sino valorar la actividad de acuerdo con la prueba practicada en este caso por la Policía Local. Y ateniéndose a esos informes, perfectamente válidos desde el punto de vista legal, deduce que « la vivienda objeto de los autos está destinada al alquiler de habitaciones por un tiempo determinado, con una duración máxima de 30 minutos a una hora, lo que desde luego permite considerar que en esa vivienda se está realizando una actividad de hospedaje temporal y en consecuencia de pensión».
Esa apreciación, además, viene corroborada por la propia distribución de las estancias, que «demuestra que dicho local no puede ser concebido como vivienda si carece de cocina».
Asunto zanjado
En conclusión, «es obvio que se trata de una pensión que debe tener el informe de compatibilidad urbanística que haga posible el ejercicio de esa actividad en un edificio que pertenece a una comunidad de vecinos, lo que exige necesariamente la comunicación de inicio de la actividad que lo facilite o lo regule dentro del marco jurídico que ofrece el ordenamiento».
Para el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, esta doble sentencia, referida a dos pisos de la calle Viana, número 11, abre una vía muy interesante para atacar los pisos de prostitución del barrio chino de València, en Velluters, y en el conjunto de la ciudad. Se trata de «una herramienta útil para acabar con este tipo de prostitución clandestina, donde se produce trata de blancas, explotación y todo tipo de ilegalidades», asegura el concejal.
En consecuencia, Cano asegura que a partir de ahora se van a perseguir todos los pisos de prostitución de Velluters, así como de otros «focos» de prostitución de la ciudad, para luego abordar todos los casos uno por uno en un trabajo «sistemático y organizado».
En el caso concreto de Velluters, el concejal explicó que las propias mujeres hablaron de explotación y abusos, pues tenían que pagar a los dueños de las habitaciones la mitad de lo que costaba el servicio, lo que demuestra la situación de «esclavitud» y «explotación» de estas mujeres.
