Una trabajadora de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València confirmó ayer ante el juez que investiga la estafa de 4 millones de euros que la empresa pública solo realiza una conciliación bancaria a final de mes.
Según apuntaron ayer fuentes conocedoras de la declaración al periódico Levante-EMV, la testigo detalló que, una vez finalizado el mes, sacaba el extracto bancario del mes anterior y lo punteaba con los datos que esta sociedad pública tiene almacenados. Además, manifestó que durante sus vacaciones no había ninguna persona directamente encomendada para sustituirla en sus funciones.
Según declaró la trabajadora de la EMT, las conciliaciones mensuales del año 2019 no estaban firmadas en el momento en el que se produjo el fraude. Al parecer, María Rayón, jefa de gestión de la EMT, se ha negado a firmar esta documentación y ha trasladado que debe ser ratificada por Celia Zafra, la única trabajadora despedida por estos hechos.
A la pregunta de por qué no se comprueban diariamente las cuentas, como así ocurre en el Ayuntamiento de València, respondió que «nunca recibió una instrucción» en el sentido de que las conciliaciones se hicieran diariamente, aunque a continuación admitió que Rayón le pregunto si se podían conciliar semanalmente. Según su testimonio, María Rayón le planteó esta cuestión justo después del fraude.
Por otra parte, según estas fuentes, a la trabajadora se le leyó la declaración que sobre este punto realizó Rayón, y afirmó que no era cierto. La jefa de Gestión en sus declaraciones culpó a la empleada despedida de haber posibilitado que la estafa prosperara ya que sostiene que se saltó los procedimientos y protocolos establecidos en la entidad y se extralimitó en sus funciones. La empleada que declaró ayer cuestionó esta versión.
La directora de Finanzas
Ayer también declaró ante el magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, la directora de Finanzas de EMT, quien también afirmó que revisa la contabilidad a mes vencido y hace el informe de seguimiento de las áreas para el consejo de administración de forma mensual, al igual que otros como el de control de presupuesto.
Según subrayó, no tiene funciones de tesorería ni control ni realización de pagos, únicamente tiene acceso a saldos bancarios a mes vencido y no interviene en la conciliación de las cuentas.
En todo este tiempo CaixaBank ha negado cualquier responsabilidad en el fraude y ha culpado del mismo a las «debilidades internas de seguridad» de la propia compañía pública. La entidad incluso ha advertido de que «la EMT pretende trasladar a CaixaBank las resultas negativas de todo un conjunto de irregularidades internas que se habría producido en su empresa».
En paralelo a la investigación penal, el presidente de la EMT, el concejal Giuseppe Grezzi, ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas para informarle del fraude, en el que sostiene que la única trabajadora investigada, Celia Zafra, «se saltó la operativa» para las transferencias y «proveyó al estafador de las firmas».
El escrito relata las circunstancias en las que se produjo la estafa entre los días 3 y 23 de septiembre y recuerda que los hechos están siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 18.
