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Temporal

Vecinos de la Casbah piden a Costas la concesión del aparcamiento afectado por el deslinde

El hotel Sidi ya ha obtenido la concesión del Ministerio de Transición Ecológica para mantenerse en uso

Urbanización de la Casbah, en primera línea del Saler. levante-emv

Los vecinos de la Casbah, una urbanización de viviendas adosadas ubicada en primera línea de la playa del Saler, han solicitado a la Demarcación de Costas de València, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (Transición Ecológica) la concesión de los terrenos del aparcamiento de la urbanización. La zona de aparcamiento fue construida en los años 60 del pasado siglo, como las casas, sobre las dunas del parque natural de la Devesa, antes de su declaración como tal y de la paralización del proyecto urbanizador que arrasaba el bosque y el entorno de la Albufera. Del plan urbanístico se llegaron a edificar algunas urbanizaciones, como la Casbah, y varias torres de apartamentos, así como el paseo marítimo (ya derribado).

Los vecinos intentan así mantener la cesión del uso del suelo del aparcamiento, que como las viviendas quedó dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestre tras la aprobación del deslinde de 2007 por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Los adosados de las 74 familias del complejo La Casbah, así como el hotel de cinco estrellas Sidi Saler pasaron entonces a ser propiedad estatal. El Gobierno aprobaría más tarde una concesión a 75 años para los propietarios de las viviendas.

El hotel sidi, cerrado desde hace años y ahora propiedad de Caixabank y el BBVA, obtuvo el año pasado una concesión por 60 años del ministerio, lo que permitiría a los dueños reabrir el hotel, una infraestructura que el alcalde, Joan Ribó, quiere que se derribe para poder avanzar en la regeneración del cordón dunar.

Los vecinos de la Casbah, una de las urbanizaciones más castigadas por los temporales por la fuerte erosión que sufre esta parte del litoral por efecto del puerto solicita concesión, al amparo de la Ley de Costas que fija 20 días para que los interesados, administraciones y particulares, presenten alegaciones e informes.

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