La celebración del polémico festival de las Paellas Universitarias en València cumple este miércoles diez meses sin que el Ayuntamiento y la Generalitat hayan llegado a un acuerdo sobre la competencia para tramitar la sanción por incumplir la Ley de Espectáculos, que podría llegar a 600.000 euros.
Este expediente se incluye en el conjunto de más de 4.000 tramitaciones pendientes de resolver, a raíz de la delegación de competencias de la Generalitat al Ayuntamiento de las sanciones graves y muy graves, que se publicó en el DOGV el pasado 13 de mayo, después de la celebración del festival el 12 de abril.
El director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, ha explicado a EFE que la semana pasada hubo una reunión entre ambas partes y están en contacto para concretar otra cita y un intercambio de información, aunque ha apuntado que "hay buen ambiente y ganas de consensuar".
Fuentes municipales ya explicaron a EFE que aunque hay ganas de llegar a un consenso su postura está clara y consideran que las Paellas así como otros expedientes cuya tramitación se inició antes de la publicación del convenio, deben ser competencia de la Generalitat.
Mientras, la Abogacía de la Generalitat mantiene que esos expedientes sancionadores son competencia del Ayuntamiento porque todavía no se han iniciado y ya tiene delegada las competencias.
Las fuentes municipales inciden en que, desde la publicación del convenio, el consistorio está "al día" con la tramitación de este tipo de expedientes y de hacerse cargo de esos más de 4.000 expedientes, se "colapsaría" su servicio.
Además, apuntan que ese cambio de administración podría llevar a los afectados a recurrir la sanción y que se les anulase.
El festival universitario se celebró el pasado 12 de abril con la asistencia de 25.000 jóvenes aunque hasta el último momento mantuvo la incertidumbre sobre si abriría o no sus puertas, pues el consistorio le había denegado la celebración aunque sus organizadores consideraron subsanadas las incidencias que les reclamaban.
El Ayuntamiento de València ya impuso a los organizadores del festival una sanción de 1.200 euros por incumplimiento de la Ordenanza de contaminación acústica, en el marco de sus competencias.
