«Aunque de manera burda inicialmente a la hora de efectuar las llamadas y correos electrónicos que indujeron al engaño, así como el archivo PDF con las firmas, es claro que se ha efectuado un estudio completo de ingeniería social con el fin de captar toda la información necesaria para poder efectuar la estafa (de la EMT) utilizando números ocultos no rastreables, cuenta de correo electrónico abierta desde Israel, y varios elementos que dan anonimato a las personas que han efectuado el engaño, porque está claro que es una organización de personas la que está orquestando esta acción delictiva».
Esta es la conclusión a la que ha llegado la Policía Nacional después de rastrear los correos y las llamadas efectuadas por los autores de la estafa a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), cuantificada en más de 4 millones de euros.
El Grupo de Delitos Tecnológicos está convencido de que el dinero transferido desde la empresa «llegó a dos cuentas puente a nombre de dos testaferros, los cuales, siguiendo órdenes de estratos superiores de la organización, transfieren los fondos a terceros con el fin de diluir el rastro del dinero».
Lamentan, además, las dificultades derivadas de la internacionalización del caso, ya que la cooperación policial y judicial internacional, al tener «muchos filtros», ralentiza ese rastreo.
En conclusión, «los estafadores al no disponer de ataduras temporales ni importar los límites físicos fronterizos ni los límites digitales, disponen de total impunidad y velocidad para la ocultación del efectivo». Lo único evidente, dice el informe policial, es la existencia de dos cuentas del Banco de China y dos titulares (dan sus nombres), por lo que consideran conveniente la localización de estas personas y la toma de declaración a las mismas.
También se dispone de otras cuentas bancarias puente, aunque en este caso sería necesaria la colaboración de las autoridades locales para la obtención de información de sus titulares y tomarles declaración. De esa manera se podría seguir el rastro del dinero y poder recuperar los fondos estafados, bloqueando las cuentas por las que ha pasado.
Por este motivo, la Policía Nacional sugiere al juez que investiga la causa el envío de comisiones rogatorias a China y a otros paises que aconsejen las pesquisas llevadas hasta el momento.
Sin colaboración interna
Este informe, aportado en el Juzgado de Instrucción número 18 de València a finales del pasado mes de enero, tuvo su continuidad ayer con la declaración de uno de los responsables policiales de la investigación, que considera «poco probable» que se pueda identificar al usuario habitual de la cuenta utilizada para realizar la estafa, ya que «para llevar a cabo este tipo de hechos los autores suelen utilizar mecanismos de enmascaramiento o anonimato, por ejemplo la utilización de proxis, vpn...».
El agente también se refirió a la posible implicación en la trama de la funcionaria despedida, la única sobre la que se ha descargado toda la responsabilidad de la estafa al ser la que realizó las ocho transferencias bancarias sin ponerlo en conocimiento de la dirección de la empresa.
A su juicio, Celia Zafra no tenía vinculación alguna con las personas o las empresas titulares de los teléfonos y correos electrónicos identificados hasta el momento. Así mismo, el agente no cree probable que la organización haya contado con ayuda dentro de la empresa, una posibilidad que se había barajado en alguna ocasión pero que está prácticamente descartada.
