El Ayuntamiento de Madrid, referente junto con Barcelona en la externalización de las licencias urbanísticas para el Ayuntamiento de València, gestionó el 64% de las declaraciones responsables registradas a través de empresas y entidades externas. En 2019, se registraron en el consistorio de la capital española 7.792 declaraciones responsables, de las que 4.986 se tramitaron ante una entidad colaboradora urbanística (ECU), lo que supone el 64% del total, según informaron fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano del consistorio madrileño, ahora con Mariano Fuentes, de Ciudadanos, al frente .
Madrid suprimió hace unos años la exigencia de licencia urbanística previa para las nuevas actividades comerciales que pueden comenzar la actividad con una declaración responsable. Esta posibilidad ha disparado las solicitudes de declaraciones responsables tanto ambientales como de obras. Las declaraciones responsables también han aumentado ostensiblemente en València, donde el año pasado se tramitaron por esta vía más de 300 reformas de locales y rehabilitación de edificios, entre ellos muchos hoteles. Varias de ellas fueron paralizadas en el trámite de fiscalización previo por parte de los técnicos municipales que vieron errores de tramitación que tuvieron que subsanarse posteriormente.
Las primeras licencias que se empezaron a tramitar a través de las entidades externas fueron las reguladas por la ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, donde se ha logrado, en el caso de Madrid un alto porcentaje de externalización, que se situó el año pasado en el 64%.
Los niveles de satisfacción sobre la actividad de las entidades colaboradoras, si bien tienen aún «mucho margen de mejora» son positivos en relación al porcentaje de errores de tramitación (detectados en la posterior supervisión de los técnicos municipales) que afecta solo al 2,7% de las licencias.
El Ayuntamiento de Madrid, apuntan fuentes de Desarrollo Urbano, «partía de un problema de recursos, tanto humanos como materiales, y de un atasco en la tramitación de licencias que retrasaba mucho cualquier acción en la ciudad»s. Las entidades colaboradoras, afirman, «contribuyen a desbloquear la situación». Con todo el ayuntamiento madrileño, con el popular José Luis Martínez-Almeida al frente, acaba de anunciar una nueva ordenanza para unificar las de licencias urbanísticas y las de actividad en una única normativa con la intención de «agilizar más los trámites». El objetivo es simplificar los procesos y definir mejor el ámbito de actuación de estas entidades colaboradoras.
El problema del atasco de las licencias, que suscita las quejas de promotores, arquitectos y emprendedores, también afecta al ayuntamiento de Barcelona, donde el año pasado se tramitaron 12.761 licencias urbanísticas, frente a las 3223 que se solicitaron en València. El ayuntamiento de Barcelona ya implantó en 2014 la gestión de estas licencias a través de las entidades colaboradoras, que deben emitir los informes de idoneidad urbanística, con el fin de reducir parte de los trámites y agilizar expedientes.
Las ECU, a las que inicialmente recurrieron las administraciones públicas, para tramitar licencias relacionadas con actividades reguladas por la Ley de Espectáculos, se presentan como tabla de salvación para resolver el atasco de las licencias tanto urbanísticas como de actividades del ayuntamiento de València. Promotores, arquitectos y constructoras han hecho frente común en València para criticar la demora en la tramitación de los permisos.
El gobierno de València, que en la pasada legislatura impulso a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano una modificación de la Lotupv que permita tramitar las licencias urbanísticas a través de las ECU, ha anunciado que el decreto del Consell que regulará este sistema se aprobará «esta primavera». La delegación de Actividades también estudia recurrir a las ECU para aliviar el tapón de las licencias.
