Los hechos que dieron lugar a la investigación judicial de Pere Fuset ocurrieron cuando un operario que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas, para los conciertos musicales de la Feria de Julio, pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de tres metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de València. Entonces el concejal rechazó cualquier responsabilidad del Ayuntamiento en el accidente y a los pocos días de la muerte del trabajador, de 47 años, casado y con dos hijas, aseguró que se actuó en cumplimiento estricto de la legalidad.
A la Asociación de Promotores Musicales se les exigió documentación al respecto, y los promotores de los conciertos de Viveros, algunos de ellos integrados en la asociación, ratificaron el nivel de seguridad de las gradas del recinto, que fue supervisada por profesionales especialistas y pasaron el examen de emergencia del Ayuntamiento, según explicó Fuset el 5 de julio de 2017.
En noviembre de 2018 Fuset recibió la primera citación judicial por esta muerte, días después de que la Inspección de Trabajo multara al Ayuntamiento con 40.686 euros por una infracción muy grave en el citado montaje de las gradas, si bien Cultura Festiva desvinculó la multa del accidente laboral.
El 28 de enero de 2019, el Juzgado de Instrucción número 18 tomó declaración como investigado a Fuset, que defendió que actuó conforme a los informes de los técnicos y firmó lo que estos le dijeron. Sin embargo, el 18 de octubre del año pasado el juez le procesó por un delito de homicidio causado por imprudencia grave, y también a los promotores del evento.
Siete procesados
En total quedaron procesadas Fuset y seis personas más: cuatro responsables de las empresas Promociones Musicales Osuna y Caledestina Lance, un responsable de T-Tercio que es a su vez vicepresidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana, y el presidente de la Asociación de Promotores Musicales.
La defensa de Fuset alegó en el juzgado que se trataba de un contrato administrativo de servicios, que no requiere el estudio de seguridad y salud, pero el juez recuerda que la Inspección de Trabajo sancionó al Ayuntamiento con más de 40.000 euros por esa carencia, y afirma que es un contrato con contenido mixto «que exige que se cumpla la normativa laboral de prevención de riesgos».
El 30 de octubre el concejal de Compromís, en un recurso, pidió a la Audiencia Provincial que anulara el auto al considerar que no es responsable del accidente y debe investigarse mejor lo que sucedió antes de abrir juicio. Así mismo, en noviembre la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa por no considerarle responsable de este accidente mortal, pero el 21 de febrero pasado, el Juzgado acordó la apertura de juicio oral y deducir testimonio por una posible prevaricación por la adjudicación a la empresa que montó las gradas de un establecimiento en las inmediaciones del lugar de celebración de los conciertos.
La Fiscalía anunció que mantendrá la solicitud de absolución por homicidio imprudente; sin embargo, como la familia del fallecido ha presentado acusación contra él, se sentará en el banquillo por homicidio imprudente en la persona del trabajador, y pide una indemnización de 255.000 euros para la familia además de 5 años de prisión.
Además, Fuset tendrá que declarar este viernes por otro caso: un supuesto fraccionamiento de contratos municipales a raíz de una denuncia del PP.
