Las 43 cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento de València debe instalar en los principales monumentos de la ciudad siguen su lento proceso administrativo de licitación, y que ha tenido que ser ampliado debido a un error administrativo que se detectó en el pliego de condiciones.
Por ello, y ante el retraso del concurso público para la adjudicación de su instalación, el Ayuntamiento de València volvió a pedir una nueva prórroga a la Delegación de Gobierno con el objetivo de que ampliara el plazo para su puesta en marcha.
El Ejecutivo resolvió a finales de enero que concedía un año más, hasta el 18 de enero de 2021, para que se lleve a cabo la instalación de las 43 cámaras y se pongan en marcha. Para ello será preciso por parte del Ayuntamiento de València presentar un informe de la Policía Local en el que se afirme que están operativas y se concrete la fecha exacta de su entrada en funcionamiento. También se pide una prueba gráfica de la colocación de las mismas. Las cámaras de vídeovigilancia de los monumentos de la ciudad es una medida reclamada desde hace años por los colectivos que defienden el patrimonio valenciano dado el elevado número de casos de vandalismo que han sufrido estos bienes protegidos. También la oposición se ha sumado a estas peticiones. Sin embargo, la tramitación de este equipamiento de seguridad es larga y complicada, ya que los dispositivos se encuentran en la vía pública y necesitan cumplir estrictamente con la normativa de protección de la intimidad de las personas. Ya sucedió con las cámaras del Jardí del Túria.
El Ayuntamiento de València inició el proceso para su licitación el 17 de mayo de 2019 tras obtener previamente dos informes: la autorización de la Delegación de Gobierno para instalar las videocámaras, que se obtuvo el pasado 1 de febrero de 2019; y la autorización patrimonial aprobada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat el 28 de marzo de 2019, obtenida el 4 de abril.
Tras iniciarse el período de contratación, la Intervención Municipal detectó varios defectos formales en su tramitación, lo que ha retrasado mucho el proceso. De hecho, el pasado 13 de marzo el vicealcalde Sergi Campillo daba luz verde a la subsanación de errores en el expediente de contratación. El importe de la instalación de las 43 cámaras asciende a 508.298,91 euros y un plazo de ejecución de tres meses, una vez se adjudique la instalación.
Los inmuebles que se vigilarán son la Llotja de la Seda, las Torres de Serrans, las Torres de Quart, las Drassanes, el Almudín, el Palau de Cervelló y el Museo de la Ciudad.
Las cámaras se situarán en farolas del alumbrado público ya existente, columnas nuevas y soportes instalados en los edificios BIC. En el caso de las torres de Quart, se procederá a instalar una columna nueva, mientras que para el Museo de la Ciudad y El Almudín, los soportes de palomilla se incorporarán al conjunto histórico del edificio.
El sistema permitirá la grabación continua de todas las cámaras durante un periodo de 30 días, tras los cuales se procederá a sobreescribir las grabaciones, de forma automática.
El visionado de las imágenes se realizará desde el Centro de Control de la Policía Local, así mismo la instalación permitirá una visualización desde cada centro de control de los edificios a proteger.
La videovigilancia servirá para la identificación de los individuos implicados en los actos vandálicos que se detecten y, por otro lado, pretende ser un potente método disuasorio, mediante una extensa red de carteles anunciando que la zona está siendo controlada mediante cámaras de vigilancia.
