El alcalde de València, Joan Ribó, y la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, mantuvieron ayer una videoconferencia, junto con los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, Elx, Carlos González, y Castelló, Amparo Marco. Joan Ribó le trasladó a la consellera que «aúne fuerzas con las ciudades y dé traslado al Gobierno de España de una serie de peticiones esenciales para la operatividad económica del Ayuntamiento de València y, en general para todos los ayuntamientos». Una iniciativa que han respaldado asimismo los alcaldes de Alicante, Elx y Castelló.

Entre las cuestiones tratadas está la de demandar al Gobierno de España que, «con carácter de urgencia apruebe el decreto de aplicación de remanentes, de manera que las entidades locales podamos aplicar los remanentes -que en València son 60 millones de euros- en función de la situación actual», según dijo Joan Ribó. El alcalde explicó que si bien «es cierto que existe la posibilidad de poder utilizar hasta cuatro millones de euros de estos remanentes para asuntos de bienestar social, es necesaria una mayor flexibilidad en su aplicación, especialmente en esta situación que vivimos, para poder llegar y dar respuesta a todas las necesidades».

El alcalde destacó también la solicitud al Gobierno de España «para que adelante la liquidación definitiva de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) del IVA de diciembre de 2017 incorporado a 2018, seis millones de euros que el Ayuntamiento de València ha dejado de ingresar como consecuencia de un mecanismo legal». Asimismo, el primer edil ha hecho hincapié en la necesidad de que «los mayores gastos producidos por gastos directos para combatir la pandemia no computen en la elaboración del techo de gasto, y por tanto flexibilizar la regla de gasto».