El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, anunció ayer que el Consell aprobará en el Pleno del viernes 15 de mayo el decreto que regula las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas, conocidas como ECUV. De esta manera, se permitirá a los ayuntamientos como el de València «externalizar» esta tarea ahora exclusivo del personal funcionario y, como consecuencia, desatascar las miles de licencias de obra que están pendientes de resolver.
Según el conseller, la ECUV «permitirán a muchos ayuntamientos de toda la Comunitat y en especial a ayuntamientos grandes, como es el de València, agilizar todos los trámites administrativos para aprobar las licencias urbanísticas». Se trata, dijo el titular de Obras Públicas, de una «herramienta fundamental para revitalizar el sector y contribuir a que no ocurra como en la actualidad, que muchas veces cuesta más la tramitación de una licencia que la propia construcción».
Las funciones de estas entidades serán verificar que las actuaciones urbanísticas se ajusten a la normativa técnica de edificación y, si previamente se obtiene cédula de garantía urbanística, que se ajustan a la legalidad urbanística y al planeamiento.
De esta forma, el conseller explicó que se libera a los servicios técnicos municipales de la carga de trabajo que conlleva esta tarea y que tiene bloqueado a muchos ayuntamientos que no pueden otorgar licencias de obras con la agilidad que se le reclama a la administración.
Las entidades colaboradoras podrán intervenir tanto en el procedimiento de licencia de obras municipal como en las actuaciones urbanísticas previstas en el artículo 214 de la LOTUP que podrán pasar al régimen de declaración responsable.
Control del ayuntamiento
Para el conseller de Política Territorial, «este novedoso instrumento administrativo permitirá agilizar y simplificar los procedimientos, a la vez que garantiza la autonomía local, puesto que el contenido de los certificados de las entidades colaboradoras no limita ni excluye las actuaciones municipales de verificación, comprobación o inspección, ni respecto a las declaraciones responsables ni a los procedimientos de licencia», aclaró.
El decreto establece un régimen estricto de habilitación para el ejercicio de la actividad y de incompatibilidades. Además, con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados por estas entidades, la Dirección General de Urbanismo fijará un sistema de precios mínimos y máximo que podrán percibir en el desarrollo de su actividad.
Para el ejercicio de las funciones que regula el decreto, las entidades colaboradoras deberán habilitarse mediante la inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de verificación y control de actuaciones urbanísticas (RECUV).
Previamente, tendrán que cumplir determinados requisitos como estar acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), tener subscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil, y disponer de un Plan de Igualdad en los términos y con el alcance previsto en la legislación estatal y autonómica.
