El Ayuntamiento de València espera que el nuevo decreto que aprobará la Generalitat Valenciana el viernes permita «dar un paso de gigante» en la concesión de licencias de obra nueva, rehabilitación y reforma de casas y edificios. La vicealcaldesa Sandra Gómez ha valorado muy positivamente el nuevo marco regulador que aprobará el Consell el viernes y aspira que el consistorio otorgue las licencias en el plazo máximo de un mes, pese a que en el texto de la ley se habla de hasta dos meses.

El decreto que regula las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas, conocidas como ECUV, permitirá agilizar todos los trámites administrativos para aprobar las licencias urbanísticas. Estas entidades podrán ser empresas privadas que obtengan la certificación de la Administración o colegios profesionales. La Dirección General de Urbanismo fijará un sistema de precios mínimos y máximo que podrán percibir en el desarrollo de su actividad.

La también concejala de Desarrollo Urbano ha reconocido que en la actualidad se tarda de media entre ocho y nueve meses en dar licencia a quien la solicita, e que incluso se dan casos de prolongarse hasta los doce meses. «Es mucho menos del año y medio que se tardaba antes de que este gobierno tomara cartas en el asunto, pero con el nuevo decreto creemos que podremos reducir el tiempo a solo un mes de espera, desde que el promotor presenta el proyecto hasta que damos autorización para que comiencen los trabajos. Es un paso de gigante, una reducción drástica», ha asegurado.

Sandra Gómez ha explicado que actualmente hay 41 proyectos presentados pendientes de que se les asigne un técnico del ayuntamiento, por lo que en el plazo de un mes, aproximadamente, muchos de estos proyectos ya podrán tramitarse a través de una ECUV. «Hay que dejar una cosa bien clara, es una opción voluntaria, pero quien no quiera pagar o desee que lo vise todo el Ayuntamiento, seguirá teniendo la vía administrativa habitual, eso sí, esperamos que los plazos también disminuyan al tener menor carga de trabajo», ha dicho.

El año pasado el ayuntamiento resolvió un total de 93 licencias, que correspondían a unas 930 viviendas. De ahí que para el sector de la construcción esta cuestión era esencial para poner en marcha sus proyecto. Con todo, la vicealcaldesa ha dejado claro que las empresas colaboradoras llevarán a cabo que se cumpla el código de edificación, «que era lo que más retrasaba el trabajo de los técnicos municipales». Y, por otra parte, el Ayuntamiento seguirá comprobando que se cumple estrictamente con los supuestos de la ordenanza y los planes urbanísticos. En este sentido ha apuntado que aquellos proyectos de edificios o inmuebles de especial protección «van a seguir controlados por el ayuntamiento, que hará una supervisión especial de los mismos».

Gómez considera que el decreto llega «en el mejor momento» porque «vamos a sufrir una nueva crisis económica y nos tenemos que preparar para que todo lo que dependa de la administración pública no se obstaculice». «Creemos que vamos a resolver un problema de hace décadas, dando seguridad a los constructores y a los propietarios», señala la concejala.

La vicealcaldesa ha anunciado que la propia empresa pública de construcción, Aumsa, se acogerá al decreto para tramitar con rapidez las 327 viviendas públicas que pretende levantar durante los próximos meses.