La asociación Per l'Horta, integrada en la plataforma Horta és Futur NO a la ZAL, ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València que permite dar licencia al proyecto de la ZAL -"Medidas correctoras para la recepción municipal de la zona de actividades logísticas (ZAL) del puerto de Valencia"- presentado per VPI Logística, SA. que supondría "la destrucción definitiva de las posibilidades de recuperación del suelo agrícola de La Punta como espacio natural público".

Según la plataforma, el proyecto impugnado "no tiene actualmente cobertura jurídica, por lo que no resulta procedente su aprobación, ni tampoco la recepción de las obras de urbanización por parte del ayuntamiento". "No es posible aprobar un proyecto que no se adapta al planeamiento urbanístco vigente y a las condiciones que permitirían la puesta inmediata en servicio", dice. En esta línea, la plataforma indica que la urbanización del ámbito interior de la ZAL depende del suministro eléctrico de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 132 KV, Cuádruple Circuito ES La Punta L - Fuente de San Luis - Grao, que fue anulada en 2017 por un contencioso administrativo por el TSJ de València y que por tanto no está autorizada para entrar en funcionamiento. "Sin ese requisito toda actuación urbanística es simplemente irrealizable legalmente".

Así mismo, la entidad argumenta que el proyecto de medidas correctoras se enmarca dentro del Pla Especial aprobado en 2018 que permite la construcción de la ZAL y actualment pendiente de sentencia judicial. "Se trata de un plan prácticamente idéntico al que ya fue declarado nulo en 2009, puesto en marcha otra vez ese mismo año y anulado de nuevo en 2013 por el TSJ de València y en 2015 ratificada su nulidad por el Tribunal Supremo. "Es por tanto un proyecto que Per l'Horta considera ilegal y que, según las sentencias previas, habría que plantear desde cero, teniendo en cuenta la nueva legislación ambiental y la mayor sensibilidad ambiental, así como las necesidades que se han evidenciado más que nunca de la recuperación de suelo agrícola y espacios verdes para la ciudad.

Hay que señalar que este proyecto que ahora impugna la asociación Per l'Horta tiene un coste superior a los 2 millones de euros del erario público. Denuncian por ello "el poco criterio y previsión de la administración para gastar el dinero de todos cuando los tribunales pueden volver a anular el plan especial.