El Comité de Empresa de EMT València, compuesto por cinco secciones sindicales (Apttuv, CCOO, UGT, Tuc-Intersindical y CGT), ha exigido al alcalde Joan Ribó y a la dirección de la empresa municipal que cumplan con el preacuerdo firmado el pasado 13 de junio para el nuevo convenio colectivo, que establece un incremento salarial del 2 por ciento, o de lo contrario acudirán a los tribunales y pondrán en marcha acciones de protesta, aún por determinar.

El Comité de Empresa ha comparecido hoy ante los medios para explicar que los trabajadores exigen que sean tratados con las mimas condiciones que los funcionarios del Ayuntamiento, «en igualdad», habida cuenta de que sus incrementos salariales se rigen por la ley de la función pública desde el año 2010, cuando un Real Decreto de la época de Rodríguez Zapatero les equiparó al sector público.

Desde 2010, relatan, perdieron un 5 % por la rebaja de sueldos al funcionario público más otro 8,6 % de pérdida en 2012 por otro recorte salarial del Estado. Además, el entonces gobierno del PP realizó «un ERE encubierto» (ya que el oficial no se lo permitió la justicia) y no repuso las bajas por jubilaciones. En total, 210 puestos de trabajo menos que no se contrataron.

Posteriormente y tras acudir a los tribunales, los trabajadores de la EMT recuperaron un 7,14 % de su sueldo, además de otras sentencias que han afectado a los días de convenio, antigüedad u horas de formación. Desde el Comité de Empresa han querido «desmentir» unas declaraciones del concejal y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, en las que afirmaba, según su versión, que los trabajadores habían recuperado un 20 % de su sueldo. «La subida de sueldo ha sido de un 7,42% en los últimos 10 años. El resto de incrementos han sido recuperados por vía judicial de lo que ya teníamos reconocido», ha asegurado Gabriel de las Muelas, presidente del Comité.

En este contexto, el pasado 13 de marzo los trabajadores aceptaron (previa ratificación en votación telemática) del convenio propuesto por la empresa, en el que se estipulaba un incremento salarial del 2 % a partir de 2021. «Es lo que marca la ley, no es ninguna concesión de la empresa», ha recordado De las Muelas. Por ello los trabajadores no entienden por qué el gobierno municipal ha aplazado hasta septiembre la decisión de ratificar el acuerdo. Se temen lo peor. «Iremos a la vía judicial si no ratifican el convenio. A final de mes hay comité de empresa donde tomaremos las decisiones oportunas en caso de que la empresa no nos informe de sus intenciones», ha añadido el presidente del Comité de Empresa. De hecho, consideran que no firmar el convenio supondría "romper la paz social" en la empresa, algo que se podría traducir en jornadas de huelga.

Desde el órgano de los trabajadores se muestran muy molestos con las declaraciones de la semana pasada del alcalde Joan Ribó y del concejal de Hacienda Ramón Vilar, consejero de la EMT. En ellas dieron a entender que la plantilla y todos los acuerdos actuales se congelarían, aunque no se recortarían salarios. «Vilar en vez de hacer esas declaraciones, lo que tiene que hacer es pedir el dinero de las consecuencias de esta pandemia a la Generalitat o el Estado, pero que no lo paguen los trabajadores de la EMT», dijo De las Muelas. Además, han explicado que si no se reponen las jubilaciones, el servicio empeorará y las frecuencias de los buses aumentarán al no haber suficientes conductores.

Los trabajadores de la EMT aseguran que, de momento, son ellos los que están haciendo el esfuerzo por esta crisis. Tras el ERTE fallido, ya que Trabajo no permitió la causa de «fuerza mayor» para llevarlo adelante, los trabajadores han dejado de realizar un total de 11.872 jornadas a costa de conceptos como excesos de cómputos de horario, permisos de convenio u horas de formación. «Los trabajadores han dejado de percibir 1.985.911 millones de euros», aseguran.

Desde el Comité de Empresa consideran que la dirección de la EMT, presidida por Grezzi y dirigida por Josep Enric Garcia Alemany, ha pospuesto la ratificación del convenio «porque piensan que vamos a acumular pérdidas de 27 millones». «Por eso pidieron póliza de crédito por ese importe para mantener el pago de nóminas. Es cierto que hay pérdidas, pero son exageradas, están calculadas a largo plazo y con previsiones de máximos», denuncian. Ese quebranto en la cuenta de ingresos significaría que dejan de entrar en caja en tres meses. El 60 % de los ingresos por venta de títulos, una cuentas que creen que no son reales y que imputan a una medida de presión para que el Estado financie a la empresa.

Entre otras cuestiones sobre seguridad, licitaciones o contrataciones, el Comité de Empresa también ha denunciado que la empresa no quiere incorporar a 7 conductores «llamados para el 23 de marzo y que por esta pandemia les dijeron que no podían entrar». «Es gente que ya había pedido la cuenta de sus empresas, y que por justicia social han de entrar, porque están pasando situaciones críticas», dijo De las Muelas.

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