Hace unas semanas la concejala Luisa Notario relató una «situación esperpéntica» cuando el PP hizo una pregunta en una de las comisiones por una supuesta intervención actual en el alumbrado público, cuando en realidad la llevó a cabo el propio Partido Popular cuando gobernaba la ciudad. La historia ahora se repite con el edil popular Santiago Ballester, que eleva una pregunta al Pleno de mañana sobre unas plazas de aparcamiento que ya no tiene contratadas el consistorio porque consideró que el gasto era exagerado. De eso hace cinco años ya.

En 2015, nada más aterrizar al gobierno municipal, el concejal Carlos Galiana (Compromís) ordenó no renovar el contrato de cuatro de las seis plazas de aparcamiento que el consistorio tenía alquiladas en el aparcamiento de Parcent, que gestiona un operador privado por concesión. Justificó aquella decisión por dos motivos: el principal es que su concejalía solo contaba con dos furgonetas que usaban aquellas plazas, y no figuraba en ninguna parte quién usaba los otros cuatro estacionamientos; el segundo fue el elevado coste que se pagó por aquellas 4 plazas durante quince años, un total de 100.000 euros.

Sin embargo, en el Pleno de mañana Santiago Ballester da por hecho que actualmente la concejalía de Comercio «dispone de 6 plazas de garaje en régimen de alquiler en el aparcamiento de la plaza Juan de Vilarrasa (Parcent SL)» y desea conocer «¿hasta qué fecha tienen el contrato de alquiler en vigor?» y «¿qué personas o vehículos municipales están autorizadas a aparcar en dichas plazas de aparcamiento?».

En su respuesta, el concejal Carlos Galiana le recuerda que el consistorio solo dispone de dos. «Desde 2016 el arrendamiento es solo de dos plazas para los dos vehículos oficiales asignados al Servicio de Comercio y Abastecimiento y que finaliza el 3 de julio de 2020. No tienen plazas fijas asignadas, sino que este arrendamiento habilita a aparcar los citados vehículos en las plazas de rotación que estén disponibles en cada momento». «Quizás usted, como regidor del Partido Popular, nos podría indicar, por fin, qué personas y qué vehículos estaban autorizados en las cuatro plazas alquiladas desde el año 2000 hasta mayo de 2015 para reclamar, si así fuera posible, el reintegro de los gastos al Ayuntamiento», replica Galiana en su contestación.