El colectivo Parque Central sin Especulación ha hecho público un informe de la cooperativa El Rogle, un despacho de abogados especializado en urbanismo y vivienda, que cuestiona por desfasado el PAI del Parc Central y la operación ferroviaria del mismo nombre. Los autores del informe aseguran que el planeamiento vulnera la actual ley urbanística Lotup en decenas de puntos, entre ellos, los que regulan la participación ciudadana y la integración paisajística. Un informe con el que el colectivo ciudadano intenta paralizar, como han hecho los vecinos del PAI de Benimaclet, la operación de soterramiento de la playa de vías ferroviarias y el desarrollo en los terrenos liberados de un gran parque, cuya primera fase ya está ejecutada, y un nuevo barrio con 5.000 viviendas.
El informe «crítico» del Rogle detecta defectos «de forma» que obligarían a «replantear por entero el PAI», ya que en su concepción actual representa una actuación «desmesurada y mal enfocada, con muchos efectos colaterales» que resultarán perjudiciales para el vecindario, la ciudad y el medio ambiente. Advierte el informe del Rogle de que «mientras esta actuación urbanística se siga supeditando a la necesidad de complementar y financiar unas obras ferroviarias, difícilmente podrá desarrollarse conforme a los intereses del vecindario y de la ciudad».
Recuerdan el estudio de alternativa realizado por Joan Olmos y Fernando Gaja al túnel ferroviario de nueve kilómetros a través del centro histórico que «representaría unos costes mucho menores, un periodo de obras más corto, y unas consecuencias menos nocivas para el medioambiente y la ciudad». Recuerdan que un proyecto del alcance del Parc Central debería ir asociado a «un amplio debate ciudadanos que no se ha producido hasta ahora, que asegure que este proyecto ferroviario (y su influencia sobre el PAI objeto de este informe) responde realmente a los intereses de las personas que habitan el territorio».
Los autores del estudio califican de «desmedido» el proyecto ferroviario cuyo coste se disparó desde los 800 millones de euros iniciales a los 3.100 millones y que ha sido revisado para abaratar costes y que las administraciones local y autonómica financien también la operación.
El informe señala las contradicciones y los defectos del PAI del Parc Central que se resumen en :demasiada edificación residencial, baja proporción de vivienda de protección pública y falta de vivienda social, riesgo de gentrificación, escasez de equipamientos públicos e inadecuado estudio de las consecuencias ambientales.
Sin estrategia ambiental
La nueva edificación residencial no se justifica demográficamente y contraviene las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana en el artículo 7 de la Lotup, apunta el informe del Rogle. Al no calcular exactamente las viviendas proyectadas ni población potencial resultante, se desoye lo expuesto en el artículo 22 de la misma ley.
Por otro lado, el porcentaje de vivienda pública del PAI (13,8%) queda muy lejos de lo legalmente requerido por el artículo 33 de la Lotup para una actuación como esta, donde se establece un mínimo del 30%. Un porcentaje tan bajo también contraviene lo que establece el Plan Estratégico de Vivienda de València al fijar como estrategia «incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible en la ciudad de València.
La escasez de equipamientos proyectados vulnera lo establecido en el artículo 12 de la Lotup y también las Directrices para la mejora de la calidad urbana de los barrios de Aumsa de 2017. Este informe debería, según el artículo 36 de la LOTUP, suponer una revisión del PAI para aumentar el suelo dedicado a equipamientos.
Según el informe de los vecinos contrarios al Parc Central, dadas sus potenciales consecuencias medioambientales y sus características en cuanto a planificación, e PAI debería desarrollar una Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica propia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 46, 47 y 117 de la Lotup.
El desarrollo del PAI implica «notables consecuencias medioambientales» al proyectar mucha edificación que conlleva cuantiosas obras, polución y gasto de recursos, establecer unas medidas poco exigentes para reducir la contaminación de esa construcción, disponer menos zona verde de la que sugiere la «fama» del proyecto, proponer un bulevar orientado principalmente al vehículo privado, estar aparejado a una enorme e incierta actuación ferroviaria. «Unas consecuencias que se deberían haber estudiado pormenorizadamente con objeto de conocer su alcance real y minimizarse en la medida de lo posible».
El mismo documento añade que puesto que no establece y desarrolla un plan de participación ciudadana, este PAI incumple lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en los artículos 13 y 53 de la Lotup. Además, realiza una interpretación cuestionable e inadecuada de la legislación sobre la que se apoya (artículo 6 de la LUV y artículo 564 del ROTGU) para evitar articular unas consultas ciudadanas necesarias.
