La labor de Ramón Vilar al frente de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de València ha servido para sanear las cuentas municipales, superar la enorme deuda que encontró la nueva coalición municipal y quitarse el corsé impuesto por el gobierno central como consecuencia de la misma. En sus cinco años de gestión transformó un ayuntamiento prácticamente quebrado en una institución saneada y con un fuerte superávit en los últimos ejercicios.

En la última legislatura del PP la deuda del Ayuntamiento de València llegó a superar los mil millones de euros (125% del presupuesto) y gran parte de la misma era con sus proveedores, a los que pagaba en torno a los 100 días, muy por encima de los 60 y los 30 que permitía la ley. Eso llevó al Gobierno central de Mariano Rajoy (2012) a meter a València, junto con muchas otras ciudades españolas azotadas por la crisis, en un Plan de Pago a Proveedores y un consecuente Plan de Ajuste. Es decir, el Gobierno le dio a València 183 millones para que pagara a los proveedores e inyectara liquidez en el sistema, y a cambio el equipo de gobierno tenía diez años para devolverlo con la obligación añadida de rebajar la deuda hasta los límites legales del 75% del presupuesto, lo que en la práctica lastraba las inversiones o la ya muy diezmada plantilla.

En esas condiciones, el departamento que dirigía Ramón Vilar afrontó por igual esos dos grandes retos. Sin subir los impuestos hasta este año, como se había hecho en la última legislatura del PP, logró reducir la deuda a menos de 400 millones de euros, muy por debajo del 75% del presupuesto exigido; y el pago a proveedores ha llegado a estar en dos días, lo que permitió al ayuntamiento pedir al gobierno la salida del Plan de Ajuste y conseguirlo.

Es más, en los últimos ejercicios el consistorio ha tenido superávit en sus cuentas, sesenta millones en el último ejercicio, dinero que ahora quieren liberar para atender las consecuencias de la crisis sanitaria.

Una de las claves de esa revolución económica ha estado en la contención del gasto (fuera eventos y gastos superfluos) y en la mejora de los ingresos, tanto los derivados de una evidente bonanza económica como de la inspección tributaria. Se ha luchado contra el fraude en frentes como el Impuesto de Actividades Económicas; se han subido las cargas a las empresas más grandes y se han firmado convenios con la Generalitat Valenciana para, por ejemplo, poder cobrar multas a personas y entidades de fuera de València.

En el debe de la concejalía esta la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios, que apenas había llegado al 50%. Y ese era uno de los caballos de batalla de Vilar con el resto de compañeros, a los que nunca se cansó de presionar para que los proyectos salieran adelante con celeridad. El propio Ramón Vilar comentaba con frecuencia que era «posible reducir la deuda y a la vez invertir más y pagar antes a los proveedores, todo esto sin reducir empleo público ni aumentar la carga fiscal».

Ahora trabajaba en adaptar el presupuesto de 2020 a las nuevas condiciones de la covid-19 y en septiembre debía empezar los presupuestos de la reconstrución.