La presidenta de la comisión de investigación de la EMT, la concejala socialista Elisa Valía, asegura que a finales de julio podrá tener listo el primer borrador de conclusiones sobre el fraude de 4 millones de euros que sufrió EMT València en septiembre de 2019. La irrupción de la pandemia del coronavirus ha retrasado la resolución de este órgano en el que están representados todos los partidos. El reciente y repentino fallecimiento del concejal socialista Ramón Vilar, miembro de la comisión y del consejo de administración de la compañía municipal, también supondrá otro freno al proceso, ya que se ha de elegir a un nuevo miembro.

Cuestionada sobre si ya sabe qué reflejará en el informe, la concejala socialista asegura que lo tiene «muy claro», aunque no despeja la incógnita hacia dónde apuntará ni qué nivel de responsabilidad exigirá. Sin embargo, aclara, en la comisión «se ha visto que fallaron una serie de mecanismos internos de control y a eso es lo que nos tenemos que ceñir». «Cada uno que saque las conclusiones que estime oportuno, pero que se circunscriban al contenido de la comisión y a lo que allí hemos conocido», advierte Elisa Valía.

En este sentido, la consejera socialista no entendería que se exijan responsabilidades que no se han tratado en la comisión. «No sería de recibo que la oposición pida la dimisión del alcalde, porque esto no tiene que ver con la gestión general del Govern del Rialto, sino con el funcionamiento de la EMT. Pido a la oposición que no aproveche para inventarse cosas ni tampoco a salirse del marco de la investigación, aunque la verdad es que no confío mucho en que lo hagan», explicó Valía, en referencia a los grupos municipales del PP, Ciudadanos y Vox, representados en este órgano.

En paralelo a la investigación de la comisión política discurre la proceso judicial en el Juzgado número 18 de València. Para Valía son asuntos completamente diferenciados «que no deben influir» en ningún sentido, «ya que nosotros estamos en el plano de las responsabilidades políticas y en el ámbito de la dirección de la empresa, mientras que el juzgado investiga el delito, la responsabilidad del fraude». Hay que recordar que solo existe una persona imputada hasta la fecha. Se trata de la exjefa de Administración, Celia Zafra, la cual facilitó las transferencias al Bank of China en Hong Kong, de donde se perdió el rastro de los cuatro millones estafados.

Sin embargo, la comisión de investigación debe concluir si fallaron los mecanismos internos de la empresa municipal que podrían haber impedido que el dinero saliera de las cuentas bancarias de la empresa en diversas transferencias. Desde la dirección de la empresa han apuntado a la responsabilidad de Caixabank, ya que se autorizaron las operaciones sin cumplir con todas las medidas de seguridad.

En la oposición, sin embargo, apuntan directamente a la dirección de la empresa y algunos altos ejecutivos, ya que creen que no hubo ni el control suficiente ni los mecanismos de prevención adecuados. En su punto de mira están el director-gerente, Josep Enric Garcia Alemany, y el presidente de la empresa como responsable político, Giuseppe Grezzi, si no es que apuntan más alto como sospecha la edil socialista Elisa Valía.

La presidenta de la comisión asegura que ya ha tenido «conversaciones» con los miembros del resto de la comisión para «comenzar a trabajar cómo debe ser el documento final de las conclusiones». En todo caso, si el borrador está a finales de julio, la resolución final no se espera, como pronto, hasta septiembre, cuando se habrá cumplido un año del fraude.