El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de València desveló ayer que el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en 3 contratos menores de 2016, efectuados por el Govern del Rialto.
El consejero de cuentas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas envió un auto el pasado 21 de julio al Ayuntamiento de València en el que le comunica que «se ha propuesto a la Comisión del Gobierno -del citado órgano fiscalizador- el nombramiento de un Delegado Instructor» para investigar deficiencias en la contratación consistorio.
Las diligencias previas se abrieron a partir del informe del Ministerio Fiscal, del 16 de diciembre de 2019, en el que advertía «sobre indicios generadores de responsabilidad contable» en varios hechos descritos en el «Informe de Fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes del ejercicio de 2016».
El auto cita tres contratos donde se aprecia una «irregular facturación, que no se ajustó a la documentación contratual, al no venir acompañadas dichas facturas de la documentación exigible».
El Ministerio Fiscal señala que «pudiendo suponer las irregularidades advertidas un menoscabo patrimonial en fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance» procede al nombramiento de un instructor. Esta última figura deberá realizar todas las pesquisas necesarias y gestiones para determinar quienes son los culpables de estas posibles irregularidades, en caso de que efectivamente se demuestre que han existido.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, lamentó ayer la gravedad del asunto y denunció «el uso abusivo de Ribó y su equipo en la contratación a dedo». «Lo llevamos advirtiendo desde el principio -declaró-. Pedimos mayor rigor y que se articule un sistema de contratación donde se cumpla la legalidad vigente. En los seis primeros meses del año ya superamos los 4 millones de euros en 584 contratos a dedo», enfatizó.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas, destacan los populares, advirtió a principios de año en un informe que el ejecutivo municipal formado por Compromís y el PSPV era el que más empleaba este tipo de contratación directa. «Un 96,8% de los contratos adjudicados en 2016 fueron a dedo», dice la lideresa en la oposición.
